Al analizar caso Sergio Urrego, estableció que el estudiante fue discriminado. Manuales, a revisión.
“El colegio Gimnasio Castillo Campestre violó los derechos fundamentales de Alba Lucía Reyes y de su hijo Sergio Urrego”. Con esta frase, la Corte Constitucional concluyó este viernes que esa institución educativa discriminó a Urrego, uno de sus estudiantes, por su inclinación sexual.
En el fallo, el alto tribunal les ordenó a los colegios replantear sus manuales de convivencia y le dio al Ministerio de Educación un plazo de 6 meses para crear una política dirigida a que las instituciones educativas enseñen el respeto a la diversidad sexual.
Sergio Urrego se quitó la vida en agosto del año pasado y dejó dos cartas en las que aseguró que tomó esta decisión agobiado por las presiones del colegio. Luego de ser fotografiado mientras besaba a otro compañero –quien para entonces era su pareja sentimental–, enfrentó una investigación disciplinaria al interior del centro educativo y otra penal ante la Fiscalía, pues fue denunciado por supuesto acoso sexual.
Tras analizar este caso, la Corte le ordenó al Ministerio de Educación que, en un plazo de un año, revisar de manera intensiva e integral “todos los manuales de convivencia del país” para determinar que “sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes”.
En ese mismo tiempo, deberá crearse el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. La Corte también estableció que este ministerio debe implementar en 6 meses “un programa para el desarrollo de competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, en particular el derecho a la identidad sexual, e incorporarlos de manera expresa en los proyectos educativos institucionales de todos los colegios del país”.
Además, el Ministerio deberá conformar el Comité Nacional de Convivencia Escolar y establecer los protocolos de la Ruta de Atención Integral.
Finalmente, la Corte le ordenó al colegio, en un término de 15 días, realizar un acto público de desagravio en el que se reconozcan las virtudes de Urrego.
El proceso
Por considerar que el colegio vulneró el derecho a la educación, la no discriminación, la igualdad, la intimidad y el buen nombre de su hijo, Alba Lucía Reyes interpuso el año pasado –después del suicidio de su hijo– una tutela en contra del colegio Gimnasio Castillo Campestre, la Comisaría de Familia y la Secretaría de Educación.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó los derechos invocados por la familia. Esta decisión fue apelada por la Procuraduría y el caso llegó al Consejo de Estado, que la ‘tumbó’.
La tutela fue seleccionada para revisión de la Corte Constitucional que, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, reconoció que hubo discriminación contra Urrego.
Esto, pese a que la Procuraduría le envió un concepto defendiendo la autonomía de los colegios para restringir las manifestaciones “excesivas” de afecto.
Rectora tiene casa por cárcel
Azucena Castillo, exrectora del Gimnasio Castillo Campestre, tiene detención domiciliaria pues es investigada por la Fiscalía por ocultamiento de material de prueba, falsa denuncia y discriminación.
Habría evidencia de actos de discriminación y racismo de funcionarios del plantel contra Sergio Urrego, quienes, entre otras cosas, lo obligaron a asistir al psicólogo por ser gay. Otros dos miembros del colegio son investigados.
