El Gobierno acordó en Popayán las bases de un nuevo acuerdo con los agricultores. Su prueba de fuego comenzará el 12 de septiembre.
Nuevamente el Gobierno Nacional sacó su as bajo la manga. Ayer, en Popayán, y después de seis horas de diálogo, el vicepresidente Angelino Garzón fue artífice del acuerdo que permitirá que campesinos de 17 departamentos del país desbloqueen todas las vías que durante 22 días han estado obstruidas por las protestas del paro nacional agrario.
Ese logro, uno de los asuntos más urgentes para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se plasmó en un acta según el cual los bloqueos se irán levantando en un plazo que terminará a las 11:59 de esta noche. El documento fue suscrito por el propio Garzón, ocho gobernadores, 29 representantes de los productores agrarios reunidos en la Mesa de Interlocución y Acuerdo (MIA), al igual que por varios servidores públicos.
A cambio el Gobierno se comprometió a designar una comisión de alto nivel, nombrada por el presidente Santos, con el fin de dialogar y negociar —en fecha por definir— el pliego de peticiones de seis puntos presentado por la MIA el 8 de agosto (ver recuadro). Es decir, en una semana, el Ejecutivo, a través de mesas de diálogo regionales y sectoriales, desactivó las protestas que derivaron en el desabastecimiento de alimentos en las grandes ciudades, enfrentamientos con las autoridades, interrupción en el flujo de transporte y una crisis en el interior del gabinete.
Sin embargo, el paro aún no se ha desactivado. Si bien el Gobierno ganó tiempo para replantear su estrategia, su reto más inmediato es sellar acuerdos de fondo para resolver los problemas estructurales que afronta el agro. Ese objetivo tendrá que construirlo desde el próximo jueves en la mesa nacional que integrará con los voceros de la protesta para acordar lo que Santos ha llamado como el “Pacto Nacional Agrario”, en donde los campesinos buscan mejores condiciones de producción y garantías para ejercer sus derechos.
La estrategia se realizará en dos escenarios simultáneos: en el primero se fijarán el cronograma y el plan de trabajo con el que se cumplirán los convenios alcanzados con los protestantes de Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Risaralda y la región del Catatumbo. En ellos se pactó un amplio paquete de ayudas, desde la compra de 40.000 litros de leche diarios durante 15 meses y la intervención al mercado de fertilizantes para disminuir su precio de venta, hasta medidas como la prohibición de rehidratar la leche en polvo y salvaguardias a las importaciones de papa de la CAN y el Mercosur.
El segundo escenario se realizará en Popayán con los integrantes de la MIA y se extenderá a otras ciudades del sur del país. Sus seis peticiones serán discutidas en conjunto con una comisión de garantes, que sería integrada por el expresidente Ernesto Samper; Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso; el representante Iván Cepeda; el provincial Francisco de Roux; Fabrizio Hotschild, coordinador de Naciones Unidas en Colombia, y Todd Howland, representante de la alta consejera de la ONU para los Derechos Humanos.
En el acta de ayer la MIA dejó constancia de que espera un trabajo serio por parte del Gobierno: “Si no cumple con estos acuerdos, se mantiene la protesta social”. Un desafío para el presidente Santos, que está ad portas de decidirse si juega sus cartas de cara a una probable reelección. Además, una larga prolongación del paro golpearía con más fuerza la economía: según los primeros reportes de gremios y gobiernos departamentales, el paro habría generado pérdidas hasta el 30 de agosto por más de $250.000 millones.
Incluso así es muy temprano para que el país cante victoria. La promesa obtenida en las mesas regionales de diálogo, de levantar los bloqueos en las vías del país, no sería acatada por el movimiento Dignidad Cafetera, cuyos dirigentes anunciaron nuevas movilizaciones el próximo 12 de septiembre en Risaralda y en los principales puntos donde se cultiva el grano.
