En materia de prevención ante los desastres en el país, el panorama no es alentador
Luego de una tragedia como la desencadenada por la creciente de la quebrada Liboriana en Salgar (Antioquia), que cobró la vida de 93 personas, es inevitable y necesaria la pregunta de cómo está el país en materia de prevención de desastres. Y si bien hay consenso sobre avances significativos en el funcionamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, sobre todo en lo relacionado con la reacción, expertos coinciden en que el panorama en tal aspecto es poco alentador.
Un informe de este diario, publicado el domingo pasado, mostró cifras alarmantes: de cada 10 colombianos, 3 están amenazados por algún evento natural, mientras que el 80 por ciento están expuestos a un sismo. De igual forma, el 28 por ciento del territorio tiene un alto potencial de inundación y el 18 por ciento, un riesgo elevado de deslizamientos.
Es preocupante. Pero hay que dejar claro que son más los sucesos de este tipo en los que la naturaleza ha avisado. Así fue en Salgar. En ese orden de ideas, no es un imposible anticiparse a ellos para evitar pérdidas humanas cuando se trata, sobre todo, de crecientes, inundaciones y aludes.
Eso sí, obliga a reubicar a todos los habitantes de lugares que, se sabe, presentan alto peligro. También significa llevar a cabo un esfuerzo para que, en aquellos sitios donde pueda ocurrir un movimiento telúrico, todas las construcciones se refuercen según la más reciente norma de sismorresistencia, y que las nuevas la cumplan a cabalidad. Implica, así mismo, una juiciosa revisión de los planes de ordenamiento, para proscribir edificaciones en zonas peligrosas. Esto tiene nombre propio: reordenamiento territorial, que incluye tomar nota de la información que aportan, por ejemplo, las inundaciones, algo que no se hizo durante la intensa ola invernal 2010-2011.
Por supuesto que no le faltan obstáculos a esta labor. Muchos mandatarios locales –los directos responsables– se han enfrentado a la falta de recursos para efectuar un traslado, en un caso más de preponderancia de lo urgente sobre lo importante. Y como si esto no fuera suficiente barrera, surge también la de la resistencia de sus habitantes a dejar su vivienda. Lo normal es que, por más evidencia que se tenga sobre el riesgo al que se exponen, las personas se nieguen a cambiar de sitio de residencia. “De aquí me sacan con los pies hacia adelante”, se suele escuchar. Al tiempo con el esfuerzo presupuestal debe hacerse uno pedagógico, el cual, sin duda, será más efectivo si es de alcance nacional.
Otro aspecto fundamental y muy ligado al anterior tiene que ver con la memoria colectiva de las comunidades y la necesidad de rescatarla para evitar que la historia se repita. Aquí, el referente es el caso de Armero, escenario de la peor catástrofe en la historia del país, ocurrida en noviembre de 1985. Dicho municipio estaba situado en un lugar que ya había experimentado una avalancha de iguales características a la que arrasó con su casco urbano en por lo menos dos oportunidades: 1595 y 1845.
Además de lo mencionado, urge un cambio de paradigma. Hay que entender que si eventos así tienen consecuencias tan lamentables, más que por responsabilidad de la naturaleza, es resultado de malas decisiones de las personas.
