Por: Álvaro Sierra Restrepo
¿Están listos este país y este Gobierno si el próximo 23 de marzo hay un acuerdo final en La Habana?
Lo que está pasando en torno al acuerdo en el tema de justicia en La Habana es tan insólito como revelador.
Insólito es que el Gobierno y las Farc anuncien un acuerdo trascendental y pasen acto seguido a pelear su interpretación. Insólito es ver al establecimiento político-periodístico debatir con toda seriedad un acuerdo que ninguno conoce. Y remate de remates, que un jefe de Estado vaya a Naciones Unidas a anunciar un comunicado, no un acuerdo (“¿dónde se ha visto?”, le preguntó ‘Pablo Catatumbo’, uno de los jefes de las Farc, que estrenó Twitter la semana pasada).
Lo revelador es que, enfrascados todos en el fogoso fútbol de la semántica jurídica, casi nadie parece pensar en el ajedrez que se viene si el Gobierno y las Farc logran cumplir con el improbable plazo que se fijaron. ¿Alguien está listo para el desafío que tendrá este país si el próximo 23 de marzo hay un acuerdo final en La Habana?
Firmarlo va a resultar mucho más fácil que implementarlo. A escasos cinco meses del día D, ¿cuántas tuercas y tornillos del paquidérmico navío estatal se han ajustado para evitar que lo que se diseña con la exquisita gramática colombiana se ejecute como para que no resulte, como es ya reconocida tradición?
Se viene el posconflicto. Que cuenta con un ministerio flamante. Sin ministro, ni dientes, ni plata. Y un Plan de Desarrollo que parece pensado, en el mejor de los casos, para un país educado y equitativo, pero no en paz.
Se viene la paz territorial. ¿Cuántos candidatos a alcaldías y concejos se acordaron de ella en la campaña? Firmado el acuerdo, los mandatarios de las regiones donde se va a implementar estarán recién posesionados; la aplastante mayoría, sin planes ni respuestas. Y con instituciones tan débiles, pobres o corruptas como siempre.
Se viene la refrendación, en un país escéptico cuando no hostil. Eso demanda una verdadera campaña nacional –que está en preparación, pero no arranca– y un vasto movimiento ciudadano de los partidarios de la paz –que tampoco–.
La paz necesita mostrar beneficios rápidos. Sobre todo, en los territorios donde la capacidad del Estado es la más baja. Si en el Atrato, el Catatumbo o el Caquetá la gente y el país ven –como ya vieron con los paramilitares– que a las Farc desmovilizadas las reemplazan un par de ‘bacrim’, no va a ser fácil convencer a los que viven allí (ni a los que asisten al desmadre reciclado desde la urbana seguridad de sus televisores) de que llegó la paz.
Todos dicen que el primer año posterior a los acuerdos es decisivo para su éxito. Hace meses se discuten planes de choque, respuestas rápidas, programas de alistamiento para el posconflicto y se baraja a qué municipios dar la prioridad. ¿Van a esperar al 23 de marzo para tomar las decisiones y empezar a coordinar con los territorios?
Solo los puntos ya acordados entre el Gobierno y las Farc demandan montar unas tres docenas de nuevas instituciones y programas. Crear, por ejemplo, una nueva jurisdicción agraria; un tribunal especial que deberá recibir miles de casos para seleccionar y priorizar, y una comisión de la verdad que funcione por toda Colombia. ¿Dónde están los cálculos de la plata, el esfuerzo institucional y las garantías para que no pase lo mismo que con Justicia y Paz (diez años y 33 sentencias)?
Sin hablar de cómo impedir que los perros rabiosos de la guerra den continuidad a la larga e impune tradición de matar desmovilizados.
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En la mesa de La Habana y en cada ministerio y oficina pública deberían poner un reloj que registre los días que faltan para la firma del acuerdo final. No para contar cuánto tiempo les queda. Sino para que lo que se viene después los coja a todos con los calzones en las rodillas y no en los tobillos.
