Parte de la casa de la familia Yaqui Muse completamente derribada, la niña de 2 años muerta, su mamá herida y su hermanito de 4 años aturdido. Eso fue lo que vieron los vecinos en medio de la oscuridad del miércoles en la noche, tras las explosiones que estremecieron a la vereda Calandaima, del municipio de Miranda, en el Cauca.
Faltaban poco para las 10 de la noche y momentos antes, según las autoridades de la zona, las Farc habían lanzado un ‘tatuco’. Estaría dirigido contra la base militar que se asentó allí hace dos años, pero de nuevo los guerrilleros omitieron calcular la imprecisión de esta arma artesanal, a lo que están obligados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Sumaron así la muerte de la niña de 2 años a su lista de crímenes de guerra.
Noel Campo, quien vive a escasos 20 metros de la casa de las víctimas, recordó que se oyeron dos detonaciones”. La niña ya estaba muerta y tuvimos que dejarla allí para poder bajar a su mamá, que estaba herida, y a su hermanito. El camino es duro”, contaba ayer con tristeza.
Con tres vecinos, y con la ayuda de una cobija, bajaron por el estrecho camino de herradura a Emilda Muse, de 34 años, que tenía heridas en el rostro por las esquirlas. Su hijo de 4 años también fue hospitalizado, por el aturdimiento. Dormía en otra habitación y se salvó de que el techo le cayera encima.
“A las 5 de la mañana regresamos. Los militares estaban cerca de la casa, la pequeñita no estuvo sola”, relató Campo, que ayer se dolía del regreso del conflicto a la vereda.
Desde el 2012, cuando los combates entre Ejército y guerrilla acabaron con la escuelita de la zona y sacaron no solo a los pobladores de Calandaima, sino a los de Caraqueño, Monterredondo, Campoalegre, Cabildo y otros sectores, no pasaba algo así.
“Esto es muy triste”, anotó Campo, quien asegura que pese a todo no dejará sus cultivos de café.
El jueves esperaban los resultados de una evaluación del Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, sobre el estado de la mamá de la niña muerta, para descartar traumas graves. Su condición era estable, pero le iban a dar apoyo psicológico, pues, entrada la tarde, no sabía de la muerte de su niña.
Cristóbal Guamangua, defensor de derechos humanos en el Cauca, condenó el hecho, que –cree– terminará por desplazar a los campesinos, que no tienen más opción que salir a las ciudades. “Esta guerra no tiene sentido; mientras haya hambre y pobreza, como en este sector, no servirán de nada las balas”, dijo.
También la alcaldesa encargada de Miranda, Claudia Oyola, lamentó que de nuevo llegara la tensión a la zona. “Este tipo de hechos no se registraban hace dos años. Es triste para todos esta situación”, dijo.
Agregó, sin embargo, que esto no les quita el anhelo a los mirandeños de que los diálogos con las Farc en La Habana avancen de manera positiva.
‘Fuerza Pública no se va’
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien estuvo ayer en la tarde en Miranda acompañando a la familia afectada por el ataque de las Farc, lamentó que todavía se presenten situaciones como estas, que afectan a familias pobres y humildes de Colombia.
El ministro ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los guerrilleros responsables de la muerte de la menor y advirtió que se equivocan quienes hacen eco a las peticiones de sacar a la Fuerza Pública de algunos sectores para evitar los ataques. “Ejército y Policía están para custodiar, apoyar y garantizar la seguridad de los colombianos, eso no pasará”, enfatizó Pinzón.
La alcaldía de Miranda convocó a los pobladores para marchar hoy contra la violencia y pedir la exclusión de los civiles del conflicto. “Queremos, además, decirle a Colombia que a pesar de todo respaldamos los esfuerzos por la paz”, afirmó la alcaldesa Oyola.
