Después de varios meses de incertidumbre, la Misión de acompañamiento al proceso de paz de la OEA (Mapp-Oea) en Colombia finalmente recibió luz verde del Gobierno para continuar trabajando en el país. Por ahora se va a quedar un año más, hasta enero de 2015. Con eso, el presidente Juan Manuel Santos envía el mensaje de que está alineando las cosas para el posconflicto.
A la misión de la Organización de Estados Americanos, que nació en la época de desmovilización de los paras en Santa Fe de Ralito y que se encargó de verificar todo el programa de Justicia y Paz de Álvaro Uribe, se le acababa el mandato este enero. La situación era difícil, no sólo porque llevaba cuatro meses sin cabeza visible, sino porque además había un fuerte pulso entre el Gobierno y la OEA, que dirige el chileno José Miguel Insulza, en torno a su futuro.
Ese pulso se desactivó la semana pasada. La Silla supo que durante una reunión con la OEA la semana pasada, la Canciller María Ángela Holguín anunció la prórroga del mandato de la misión por un año. Christopher Hernández-Roy, el encargado de las misiones especiales del organismo internacional, había venido precisamente a buscar que se mantuviera la Mapp y logró su cometido antes de lo esperado.
En esa reunión, el Gobierno además dio su visto bueno para que -después de varios meses en la interinidad y de un candidato vetado- la Mapp quede a cargo del diplomático argentino Roberto Menéndez, que tiene más de 20 años de experiencia en la OEA.
Este abogado, que viene de ser el representante de Insulza en Guatemala, ha trabajado en temas de posconflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en Nicaragua, Guatemala y El Salvador en los años noventa. Es decir, tendría la experiencia necesaria en el caso de que Colombia también logre dar vuelta a la página del conflicto.
Con esta noticia, Santos parece estar mandando el mensaje de que quiere mantener la presencia de los organismos internacionales en el país durante la negociación con las Farc. Al fin y al cabo, hace apenas dos semanas Santos tuvo que recular tras haber anunciado que no extendería el mandato de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, justo en el momento exacto en que la Alta Comisionada Navi Pillay visitaba el país.
Pero, al extenderles a ambos el mandato por sólo un año, también estaría dando a entender que su misión a futuro dependerá realmente del próximo gobierno. Y ante todo, de lo que suceda en La Habana.
El pulso por el futuro de la misión
Marcelo Álvarez, el último director de la Mapp y hoy asesor en México del general Óscar Naranjo, tenía buena relación con el Gobierno pero mala con Insulza. Foto Cortesia de El Espectador.
El chileno José Miguel Insulza, secretario general de la Oea, quería prorrogar el mandato de la misión en Colombia por varios años. Foto: Juan Pablo Pino
Desde que en abril salió Marcelo Álvarez de la dirección de la Mapp-Oea, no se había nombrado un reemplazo, en parte porque no se sabía si valía la pena, dado que no estaba claro si la misión se acababa en enero.
Esto porque mientras Insulza estaba interesado en extender la misión por varios años, el Gobierno no tenía intenciones de mantenerla indefinidamente.
Además de esto, entre la OEA y el Gobierno había un pulso por el perfil de la persona que lideraría la misión. Inicialmente se pensó que quien sucedería a Álvarez sería el diplomático mexicano Andrés Valencia Benavides, quien fue dos veces embajador en Bogotá e intentó acercamientos con el ELN en la época de Uribe.
Pero el Gobierno colombiano decidió no darle el visto bueno, debido -según dos fuentes- a que prefería una persona de un perfil más discreto como Álvarez.
Y aunque el cargo de director de la Mapp no es estrictamente diplomático sino que está inscrito dentro de la cooperación técnica, el beneplácito del gobierno resulta de todos modos clave. Tres fuentes le dijeron a La Silla que otros dos nombres también fueron declinados, pero no pudimos confirmarlo.
Álvarez había llegado a Bogotá en 2004 como número tres de la Misión y terminó sucediendo a su jefe, Sergio Caramagna, cuando éste se fue hace cuatro años.
Su estilo de trabajo, poco dado a decir cosas en público o a salir al terreno, le gustaba al Gobierno y entre ambos tejieron una buena relación, como lo muestra el hecho de que hoy trabaja en México con el general Óscar Naranjo -negociador en La Habana y cercano a Santos- asesorando al presidente Enrique Peña Nieto en temas de seguridad.
Pero la relación de Álvarez con Insulza, en cambio, era menos buena y el chileno terminó forzando su salida este año. Varias de las fuentes consultadas por La Silla coinciden en que durante el mandato de Álvarez la misión bajó de perfil y perdió credibilidad. Álvarez tampoco vio con buenos ojos cuando el juez español Baltasar Garzón vino a acompañar -desde la Mapp y por encargo de Santos- el proceso con los paras.
El pulso por el posconflicto
En cuestión de dos semanas, la Cancillería que lidera María Ángela Holguín tomó la decisión de prorrogar por un año el mandato de la Mapp-Oea y de la Oficina de derechos humanos de la Onu. Foto: Juan Pablo Pino
Tras una reunión con la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, Santos echó para atrás su decisión de no renovarle a esa oficina su permanencia en Colombia. Foto: Juan Pablo Pino
Muchos de los organismos internacionales y Ongs ya están preparándose, si prosperan los diálogos con las Farc en Cuba, para lo que sería su rol en un posconflicto. Foto: AP
Además de definir si se mantenía esta misión, detrás del pulso entre el Gobierno de Santos y la Oea la discusión central era -en caso de que sí se quedara- a qué se va a dedicar la Misión.
“Estaba en juego ver si se le extendía el mandato o si se decidía darle un entierro de tercera”, le dijo a La Silla una persona familiarizada con la misión. “En los últimos años su labor se había venido desperfilando y desdibujando bastante, pero en la eventualidad de que se requiera la verificación internacional de un cese al fuego o incluso un proceso de desmovilización, ellos al final tienen la infraestructura y la experiencia de campo”.
Esto porque la Mapp surgió a la par que la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares, para acompañar todo el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). En aquel momento, las relaciones entre el gobierno de Uribe y las Naciones Unidas eran tensas, sobre todo por el estilo franco y sin pelos en la lengua de James Lemoyne, el asesor especial para Colombia del secretario general Kofi Annan.
Por eso, la OEA -que tenía alguna experiencia monitoreando los procesos de desmovilización en Centroamérica- se convirtió en un candidato idóneo a la hora de escoger un socio internacional que pudiese hacer la verificación de los acuerdos.
Y así nació la Mapp-Oea, con el impulso de César Gaviria, entonces el secretario general de la Oea, y del embajador ante el organismo Horacio Serpa.
Sin embargo, al acabarse la fase de desarme y de desmovilización, el mandato de la misión comenzó a restringirse ya que la reinserción todavía no estaba en la mira y el Gobierno quería encargarse directamente del tema, que tenía una pequeña dependencia en el Ministerio del Interior.
Uribe creó entonces la Alta Consejería para la Reintegración, la dotó de considerables recursos y puso a su cargo a Frank Pearl. Santos luego la convirtió en Agencia y puso a su cargo a Alejandro Eder, pero la idea siguió siendo la misma.
Por esta razón, la Misión de la Oea fue reinventándose y enfocándose más en temas de víctimas y restitución de tierras, con lo que finalmente logró convencer al Gobierno de que su acompañamiento al proceso seguía siendo importante. Ahora, en la medida en que los paras se preparan para reintegrarse plenamente a la sociedad civil, su relevancia había vuelto a quedar en duda.
La OEA -al igual que la ONU y las ONU y muchas ONG – ven su futuro en Colombia ligado a las negociaciones en La Habana. Todas se están preparando, de alguna u otra manera, para un escenario de posconflicto en el que sus servicios tendrán mucho mayor demanda y los recursos de cooperación internacional aumentarán. Y en donde muchas competirán entre sí por esos recursos.
Dos fuentes consultadas por La Silla que conocen el trabajo de la Mapp la ven como un actor útil en caso de una negociación con el ELN, pero menos en los diálogos con las Farc, porque esta guerrilla no ve con buenos ojos la cercanía de la OEA con Estados Unidos.
Pero la Mapp tiene su favor el haber verificado ya los procesos de desarme de los paras -pese al escándalo de los casos de falsa desmovilización– y sus excelentes relaciones con muchas comunidades en zonas rurales, donde se darán los principales retos de cualquier acuerdo de paz. De irse, podrían perderse una experiencia en el terreno y una confianza que ya se habían construido.
El problema es que el Gobierno aún no quiere darles ese juego, en momentos en que el proceso de paz avanza pero no tiene un panorama del todo cierto y que aún no se ha definido quién acompañaría el proceso de verificación e implementación de un eventual acuerdo con las Farc. Sobre todo a medida que se acerca la temporada de elecciones. Por eso las grandes decisiones quedarán aplazadas para el próximo año.
Por ahora, a la OEA le tocará contentarse con haber logrado la prórroga hasta ese momento. Pero con el gobierno jugándosela por el posconflicto, como quedó claro la semana pasada con la intervención de Santos ante la Corte Constitucional en la audiencia del Marco Jurídico para la Paz y su propuesta de un Ministerio de Seguridad para el posconflicto, su presencia podría cobrar otro significado el año que viene.
