Con una botella, encapuchados atacan a defensora de derechos humanos

Gran preocupación existe entre los miembros del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, capítulo Atlántico, por las reiteradas amenazas de muerte en contra de los defensores y defensoras de Derechos Humanos en Barranquill
 

Solo en el mes anterior fueron amenazadas tres defensoras que vienen exigiendo la entrega de los cuerpos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales o también llamadas falsos positivos realizados por el Ejército Nacional.

Uno de los más recientes hechos dado a conocer por el Movice tiene que ver con la agresión en contra de Sandra Manjarrés Morelo, directora y representante legal de la fundación Infancia Feliz, ubicada en el barrio Siete de Abril.
 

Sucedió el pasado 28 de agosto. La defensora de derechos humanos fue golpeada con una botella por dos hombres encapuchados que ingresaron a la sede de la fundación y que, supuestamente, llegaron en busca de información de los procesos de las víctimas del conflicto sociopolítico en Colombia a las que la entidad representa.
 

“Los individuos me preguntaban por unas carpetas y una libreta específica, pero como no tuvieron acceso a esos datos procedieron a violentarme físicamente, me golpearon fuertemente en los brazos y la cabeza hasta que quedé inconsciente”, manifestó la mujer.
 

Debido a la agresión, Sandra Manjarrés sufrió una fisura en uno de los huesos de su mano derecha, por lo que el Instituto de Medicina Legal le dictaminó una incapacidad de 12 días. Desde el 2011 la funcionaria recibe amenazas que ya fueron reportadas a los organismos competentes, sin que hasta el momento haya obtenido un reporte del avance de las investigaciones.
 

“Falta más apoyo”. Juan Carlos Sandoval, secretario técnico del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, manifestó su preocupación por las numerosas amenazas de muerte que han recibido los defensores de Derechos Humanos en Barranquilla.
 

Sandoval indicó que ya se reunieron con el Director de Fiscalías, quien quedó en conformar un grupo especializado junto con el CTI, la Sijín y la Sipol, con el fin de brindarles resultados sobre lo que ha pasado en el último año, tiempo en el que más de 15 defensores de derechos humanos han sido amenazados.

“Estamos muy preocupados porque desde el mismo Estado colombiano, y más concretamente las Fuerzas Militares, hay intereses que se oponen a que se conozca la verdad y se aplique justicia en estos graves hechos de las ejecuciones extrajudiciales”, anotó.
 

“Hay que cerrar filas”
Rosario Montoya, directora del departamento de Derechos Humanos de la fundación Infancia Feliz, señaló que “hay que cerrar filas con todas las organizaciones que hacemos defensa de derechos humanos porque la situación va a estar muy pesada; hay enemigos de la paz en todos lados. La mujer hizo un llamado a la prensa local y nacional para que hagan un esfuerzo con los defensores de derechos humanos, “ya que los comunicadores sociales no han estado aislados de este tipo de amenazas”, manifestó Montoya.