Un juez de la Justicia Penal militar condenó a 15 oficiales, 3 suboficiales y a 129 soldados.
El caso que dividió a la opinión pública y que generó polémica y sirvió, además, para el guion de una película colombiana, tuvo su fin en un sentencia de la Justicia Penal Militar.
El documento, de más de 200 páginas, condenó por peculado a los 147 militares involucrados en el robo de una millonaria guaca de las Farc en Caquetá en el año 2003.
“Tienen condenas entres los 48 y 70 meses según el rango”, le dijo a este diario Pedro Fuente, abogado de los militares que no reportaron los más de 40.000 millones de pesos que encontraron en canecas en una operación del Ejército.
«Aún no se han emitido órdenes de captura en contra de los uniformados. Pero, en mi concepto, esta es una decisión política porque la Fiscalía y la Procuraduría habían pedido la absolución», agregó.
En marzo del año pasado, la Fiscalía militar había pedido absolver a los 147 uniformados que en la Semana Santa del 2003 se encontraron la millonaria guaca.
La Fiscalía argumenta que la plata de la guaca, que apareció enterrada en un paraje de las selvas del Caquetá, no era del Estado, y que aunque todo el mundo sabe que era de la guerrilla, oficialmente no se pudo identificar el dueño.
Además, la misión de los militares era rescatar a tres secuestrados (los contratistas estadounidenses cuya avioneta fue derribada algunos días antes del episodio de la guaca) y no incautar un dinero, por lo que jamás tuvieron bajo su cuidado los fajos de billetes de pesos y dólares.
La Fiscalía militar señala que ni siquiera hay claridad de cuánto dinero llegó a manos de los uniformados y tampoco hay certeza de cómo fue la repartición, por lo que no se sabe el grado de responsabilidad de cada hombre.
La Procuraduría cuestiona que hubo «afán de sentar un precedente ante la indebida actuación de los uniformados», y dice que el hallazgo fue «casual y que en su fuero interno (los acusados) pensaron que era un golpe de suerte, que podían quedarse con él porque no era de nadie y pudo más su avaricia y su codicia». La juez no tuvo en cuenta esa tesis.
El Ministerio Público sí considera que hubo delitos, pero afirma que ya pasó el tiempo para juzgar a los eventuales responsables. En su concepto, tendrían que ser juzgados los tres tenientes que tenían la obligación de informar ese hallazgo. Ellos habrían incurrido en el delito de omisión de denuncia, y los soldados en el de receptación -ocultar o encubrir lo obtenido en un delito-.
El caso generó polémica después de conocerse las excentricidades de los militares, quienes compraron lujosos automóviles y luego -muchos de ellos- se retiraron del Ejército.
REDACCIÓN JUSTICIA
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