Representantes del Congreso de los Pueblos rechazaron las capturas de presuntos implicados en las recientes explosiones en Bogotá, según el senador Alberto Castilla, esto representa un nuevo caso de falsos positivos.
"En vez de encontrar calidad, nos encontramos con un nuevo hecho que se convierte en falso positivo… Rechazamos las detenciones arbitrarias y no podrán callar la voz de quienes exigen paz", aseguró el Senador.
Este movimiento alude por siete de los 15 capturados quienes son integrantes de procesos sociales, estudiantiles, periodistas entre otros.
Según Alexandra Bermúdez, vocera del Congreso de los Pueblos, se presume que algunos de los capturados fueron golpeados ya que están en Medicina Legal.
"Es una cacería de brujas, estamos siendo víctimas de persecución", dijo Alexandra quien también pidió al Gobierno que no aseguren que los capturados son del ELN.
"Los medios de comunicación y el Alto Gobierno desconociendo la presunción de inocencia, ya han emitido una condena anticipada al imputar les públicamente su pertenencia a organizaciones insurgentes, con ello violan el principio de independencia judicial", explicó Alexandra.
Por tanto, exigen garantías al Gobierno Nacional para la participación política, pues aseguran que "es inconcebible que con asesinatos, amenazas y detenciones arbitrarias se pretenda callar la voz del movimiento social en Colombia".
El periodista Pablo Solano de la agencia Colombia Informa, denunció en la rueda de prensa de este Congreso, que el joven Sergio Segura, comunicador social de esta agencia está capturado y exigen transparencia.
En el caso de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, el vocero de la Secretaria general de dicha institución educativa, la Universidad prestará toda la ayuda jurídica a los cinco estudiantes implicados en las capturas.
"Vamos a verificar los hechos porque un estudiantes estaba haciendo actividades de la universidad en Fusagasugá el día de los hechos en Bogotá", explicó Helbert Choachí representante de la Universidad Pedagógica Distrital.
Según Franklin Castañeda, vocero del Movimiento Nacional de víctimas de crímenes de Estado, la Fiscalía tiene 13 mil demandas administrativas por errores judiciales en casos de falsos positivos comprometiendo casi 27 billones de pesos del presupuesto general de la nación.
Por tanto, de 8.600 personas involucradas en el proceso, solo 2.058 están privadas de la libertad.
