Diecinueve años después de que 20 militares fueron torturados psicológicamente durante el ataque de las Farc a una base militar en Orito (Putumayo), el Consejo de Estado pidió a Colombia que acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar estos hechos como violatorios del Derecho Internacional Humanitario.
El hecho ocurrió en la base de Gamuez de Orito, el 15 de julio de 1994. El ataque de las Farc -indicó el Consejo de Estado- «pudo implicar el incumplimiento de mandatos de protección de los derechos humanos y que exigirán que el Estado solicité, por los canales y en ejercicio de las competencias del Ejecutivo, la elaboración de una opinión consultiva por parte de la Corte IDH».
El pronunciamiento está contenido en un fallo en el que se instruye al Gobierno para que aplique el reglamento de ese organismo multilateral y solicite que la Corte internacional determine si el hecho produjo violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del grupo guerrillero. Los magistrados plantean que las Farc, en los hechos, violaron el Derecho Internacional Humanitario en lo que tiene que ver con el uso de armamento, en el trato que dieron a los combatientes y en la falta de atención a los heridos.
En la sentencia también se condena a la Nación a pagar 245 millones de pesos por los perjuicios que causó a su familia la muerte de una de las víctimas de ese ataque. En el proceso, la Sección Tercera de ese tribunal encontró que el ejército no implemento las medidas de seguridad suficientes para apoyar a los militares destacados en esa base.
Según las versiones recopiladas, 300 guerrilleros del bloque sur de las Farc atacaron la base que custodiaba una estación de bombeo de Ecopetrol. En el proceso se demostró que los 20 militares que custodiaban ese sitio carecían de todos los elementos técnicos para cumplir con su deber y repeler la incursión guerrillera.
En el expediente se encuentran radiogramas, donde se lee que una cuadrilla subversiva de aproximadamente 250 hombres pretendía realizar acciones contra la Fuerza Pública, que no superaba los 20 uniformados. Por tanto, se debió aumentar el pie de fuerza o reforzar las comunicaciones con las unidades militares más cercanas.
Así lo evidenció el testimonio del oficial jefe de operaciones del Comando Específico del Putumayo, quien aseguró que «la superioridad numérica fue factor importante en la toma de la base pero repito los soldados muriendo en sus trincheras peleando con mucho coraje».
El oficial agregó que: «La base cuenta con trincheras hechas por el personal de Ecopetrol y otras que el personal de soldados había construido, también los soldados habían dejado sistemas de alarma temprana con tarro y piola y alambre pero no ninguna cosa técnica».
El consejo de Estado concluyó que la responsabilidad del Ejército, por falla del servicio, se demostró por la ausencia total de medidas efectivas de seguridad frente a la magnitud del riesgo que corrían los integrantes de la base de Gamuez y del cual estaban al tanto, según algunas comunicaciones que alertaban por el riesgo de ataque.
