Según un libro de Defensoría Militar (Demil), no hubo desaparecidos sino personas sin identificar.
En un documento de 38 páginas que encenderá polémica, la Defensoría Militar (Demil) –una ONG financiada con aportes de oficiales en servicio y que defiende a militares detenidos– asegura que en la retoma del Palacio de Justicia no hubo desaparecidos.
Esto, en contravía con lo dicho por la justicia, que ha proferido tres condenas contra militares precisamente por las once personas de las que, 28 años después de esa tragedia, aún no se tiene el menor rastro.
La tesis de que no hubo desaparecidos acaba de provocar un fuerte debate, luego de que la defensa del Estado la planteara parcialmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El documento de la Defensoría Militar, que circula en este momento en los batallones, oficinas del Ministerio de Defensa y en las aulas castrenses, se titula ‘La verdad histórica: no hay desaparecidos sino personas sin identificar’.
Para justificar esa afirmación, utiliza apartes de decenas de informes y documentos, entre ellos el de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema para investigar lo que pasó en el Palacio de Justicia el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
En una de sus conclusiones, la Comisión reconoció que sus miembros no estaban “seguros de que todas las identificaciones realizadas correspondan plenamente a la verdad”. Demil utilizó ese párrafo del informe final, que sin embargo es contundente en señalar que no solo sí hubo personas desaparecidas tras la recuperación militar del Palacio de Justicia, sino que responsabiliza a los oficiales que encabezaron la operación por abusos y excesos cometidos por la Fuerza Pública.
La Defensoría Militar también hace durísimas críticas a la labor efectuada por los expertos de Medicina Legal, tanto en el momento mismo de la situación como en las labores posteriores de identificación.
“Los médicos forenses, además de cumplir con turnos excesivamente largos, estuvieron sometidos constantemente a presión y no contaron con tiempo suficiente para realizar cabalmente las necropsias, lo que habría permitido esclarecer de manera fehaciente la causa de la muerte y la identidad de los 94 cuerpos”, dice el documento.
Todas las autoridades que han investigado el caso, sin embargo, coinciden en que fue el Ejército la entidad con mayor responsabilidad en el caos que caracterizó el manejo de la escena judicial. En su momento, funcionarios de Medicina Legal denunciaron que los militares y miembros de la Policía siempre estuvieron presentes en la morgue mientras hacían su trabajo.
EL TIEMPO intentó comunicarse con los directivos de Demil, pero no atendieron las llamadas de este diario.
La ONG, que hasta hace dos años funcionaba en una instalación militar, ha sido duramente cuestionada por supuestas maniobras dilatorias de sus abogados en el caso del teniente Raúl Muñoz, condenado a 60 años de prisión por homicidio y abuso sexual en el caso de los tres niños de Arauca asesinados en el 2010.
REDACCIÓN JUSTICIA
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