La demanda fue interpuesta por Ana Rosa Buelvas Hernández y Robert Castillo López, de la Universidad del Norte.
Los beneficios jurídicos que puedan tener los militares involucrados en delitos de lesa humanidad, contenidos en la Ley que avaló el Fuero Penal Militar, no son un tema de poca monta. El asunto tiene enfrentados al procurador, quien está a favor, y el fiscal general, que está en contra.
Las opiniones y demandas han estado divididas a tal punto, que se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad por vicios de forma, y ahora apareció una cuarta, que pide tumbar los posibles beneficios a los que accederían los militares al ser juzgados por un juez natural, es decir, por un juez castrense.
Semana.com tiene en su poder el escrito de 18 folios radicado el 29 de mayo del presente año en la Corte Constitucional, que busca que las infracciones a los derechos humanos no sean del resorte exclusivo de un juez militar. Ya que para los demandantes, si se mantiene tal como aprobó la Ley, generaría impunidad y corrupción, al ser “tapados”, como se dice coloquialmente, “con la misma cobija”.
La demanda fue interpuesta por Ana Rosa Buelvas Hernández y Robert Castillo López, quienes representan el grupo de litigio de la Universidad del Norte. Ellos solicitan que se declare inconstitucional la Ley del Fuero Penal Militar por “vicios de procedimiento en su formación en cuanto el legislador excedió su potestad de configuración legislativa como constituyente derivada la cual desembocó en una sustitución parcial de la Constitución”, precisa el documento.
Igualmente se cuestiona que en el acto legislativo las víctimas serán las principales afectadas en todo el proceso, ya que no se conocerá la verdad de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública. Consecutivamente se vulneran el debido proceso y las garantías a las que tienen derecho todas las víctimas”, se lee en la demanda.
De la misma manera se sustenta que en jurisprudencia internacional las violaciones a estos derechos deben ser juzgadas por autoridades no militares. “Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han sostenido en sus decisiones que es deber de los Estados que hacen parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos los que deben investigar y juzgar violaciones (…) ante autoridades civiles y no militares”, precisa el documento.
La Corte Constitucional ya designó a los magistrados Nilson Pinilla y Mauricio González Cuervo, quienes deberán definir si son o no constitucionales los beneficios aprobados por el Congreso para los militares que cometan delitos de lesa humanidad.
