El alto tribunal ordenó garantizar derechos de esta comunidad frente a un megaproyecto turístico en la zona.
Durante dos años las comunidades afrodescendientes que habitan en las Islas del Rosario esperaron que la Corte Constitucional les reconociera la afectación de sus derechos frente a la ejecución de un proyecto hotelero al que la Alcaldía de Cartagena (Bolívar) pretende dar su visto bueno.
Al admitir que la consolidación de este megaproyecto sí tiene incidencia en el modo de vida de los pobladores de la isla, la corporación concluyó que la comunidad de Playa Blanca debe ser consultada, antes de continuar con el trámite que llevaría a la consolidación del proyecto turístico.
Pese a que el magistrado Alberto Rojas opinaba lo contrario, la Corte encontró que los pequeños comerciantes que subsisten, principalmente, de los cientos de turistas que año a año colman las Islas del Rosario sí constituyen una comunidad étnica consolidada, a pesar de provenir de diferentes lugares.
Para el alto tribunal, no importa que los integrantes de la comunidad provengan de distintas regiones y tampoco el que el Estado no los haya reconocido formalmente como un consejo comunitario.
Dado que los integrantes de la comunidad de Playa Blanca establecieron ese vínculo con el territorio a través de la actividad económica que desarrollan, para la Corte es indispensable que los pobladores sean tenidos en cuenta en el desarrollo de este proyecto de infraestructura.
La Corte no entiende por qué los interesados en esta iniciativa y las autoridades consultaron a otros grupos étnicos y no lo hicieron con la Comunidad de Playa Blanca por el simple hecho de que el Gobierno no les había otorgado personería jurídica y porque estaba conformado por inmigrantes.
Tras levantar la suspensión decretada hace dos años, la Sala ordenó a la Alcaldía de Cartagena reconocer al consejo comunitario de la vereda Playa Blanca, mientras el Ministerio del Interior, Fonade y la sociedad comercial interesada en el caso adelantan el proceso de consulta.
