La sentencia censura el ejercicio de poder que por años se les reconoció a los hombres sobre las mujeres.
En marzo la Corte Suprema de Justicia profirió la primera condena por el delito de feminicidio.
Se trata del caso de Alexander de Jesús Ortiz Ramírez, quien asesinó de una puñada en el corazón a su compañera sentimental Sandra Patricia Correa, en noviembre del 2012, en un motel de Medellín.
Este proceso fue impulsado por el Proyecto de Defensoría Técnica que la Alcaldía de Medellín, Secretaría de las Mujeres, que en conjunto con la Defensoría del Pueblo mantiene un análisis permanente de los homicidios de mujeres para buscar la judicialización de los victimarios, en especial de los feminicidas.
Carlos Mario Piedrahíta, abogado de los familiares de Sandra Patricia, explicó a Caracol Radio que ese caso fue un homicidio por razones sentimentales, en el que, incluso, el agresor tenía registrados antecedentes de violencia contra las mujeres y valoró que la Corte acogiera la petición de la familia de que los asesinatos por motivos pasionales tienen que ser penalizados como feminicidios.
“Hay un asunto que manifestó la Corte, que son radicales y que hay que tener en cuenta, precisamente para reconocer que se trata de delitos contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tiene que ver con el ejercicio del poder que desarrollan los varones sobre las mujeres; que básicamente lo hemos puesto los hombres y es el reconocimiento de todas esas diferencias, desigualdades construidas en nuestras sociedad, de hecho que los hombre despreciamos, dominamos y maltratamos las mujeres”, precisó.
Feministas piden más protección
El Movimiento feminista Antimiltarista, que en Medellín trabaja en la búsqueda de mayor protección para la población femenina, como también en acciones de prevención para evitar el maltrato y las agresiones de toda clase contra las mujeres, reclamó una mayor atención de las autoridades para estos casos.
Marta Restrepo López, una de las líderes de la organización, advirtió que si bien es cierto que en Medellín se ha notado una reducción en el número de homicidios en general, debe tenerse en cuenta los hechos de violencia y las muertes violenta de mujeres.
Para el movimiento la estrategia de protección debe pasar los límites de las ciudades y llegar a zonas rurales para evitar lo que se viene presentado en algunos corregimientos, donde se observa una mayor vulnerabilidad de la población femenina, que además de su entorno de violencia también debe soportar un maltrato institucional.