Esta semana, el Estado colombiano pasó al tablero para rendir un examen de seis puntos ante la Corte Penal Internacional.
Como lo ha hecho en varias oportunidades, la Corte reconoció los esfuerzos del Estado por hacer justicia en el caso de los delitos cometidos en medio del conflicto. Por eso, si bien advirtió que los resultados en varios frentes siguen siendo precarios, por ahora está lejos el escenario de que Colombia entre al grupo de naciones con expedientes abiertos por la Fiscalía de la Corte Penal: Uganda, Congo, Costa de Marfil, Kenia, Libia, Darfur y la República Central Africana.
Pero tampoco está cerca el anuncio por el que ha apostado el Gobierno desde hace meses: que el país salga de la lista de observación, en la que aparecen tres naciones problemáticas para la comunidad internacional: la exrepública soviética de Georgia y los Estados africanos de Guinea y Mali.
En sus reuniones privadas y en las declaraciones públicas, los delegados de la CPI, encabezados por el francés Emeric Rogier, dejaron claro que el tribunal respalda la búsqueda de la paz con la guerrilla. “Colombia se encuentra en una encrucijada frente a la oportunidad de superar decenios de conflicto y poner fin a una situación que ha llevado a la comisión de presuntos crímenes de la competencia de la CPI”, señala el informe preliminar de la visita a Bogotá.
Pero también advierte que la paz sin una dosis suficiente de justicia no es viable. “Ninguna amnistía sería compatible con el Estatuto de Roma (…). Entre impunidad total y justicia final hay un rango de opciones, hay diferentes soluciones legales que se pueden encontrar, y esto es lo que vamos a monitorear”, señaló Rogier.
El reporte también dejó ver que la CPI espera más resultados y agilidad en las investigaciones de los ‘falsos positivos’, y que considera que en esos crímenes pudo haber responsabilidad de oficiales de mayor rango que el de los coroneles que hasta ahora han sido condenados. “Hay muy pocas sentencias, las investigaciones en muchos casos se encuentran estancadas y no hay un avance hacia arriba en la cadena de mando”, señaló la delegación de la Corte.
Cifras de la Fiscalía arrojan que por esos crímenes están siendo procesados 47 coroneles, 66 mayores, 133 capitanes y otros 4.354 uniformados. En total, desde el 2008, cuando se destapó el escándalo, se han emitido 639 condenas.
Pero las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales no son, ni mucho menos, las que más cerca están de las condiciones de impunidad que le podrían dar entrada a un tribunal de justicia residual como lo es la CPI.
En varias de sus reuniones, los delegados manifestaron su preocupación por los exiguos resultados de las investigaciones contra los responsables de la violencia sexual en medio del conflicto.
Con menos de 50 condenas contra paramilitares, guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública en un universo de casos que se cuentan por decenas de miles, los crímenes sexuales siguen siendo una asignatura pendiente para la justicia colombiana. “Los progresos han sido muy escasos. Por eso estamos aquí”, fue una de las frases de los delegados de la CPI.
Justicia militar
La CPI planteó preocupación por las implicaciones que podría tener la reforma del fuero militar. Los delegados advirtieron que revisarán la norma para determinar si incide en los casos de los ‘falsos positivos’.
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