El fallo le dio seis meses al procurador Alejandro Ordóñez para convocar a concurso de méritos.
En los próximo 12 meses, 750 cargos de procurador judicial I y II –uno de los más apetecidos en ese organismo de control– tendrán que ser adjudicados mediante concurso de méritos público y abierto.
La orden provino de una sentencia de la Corte Constitucional que declaró ayer inexequible la norma que autorizaba al Procurador General posesionarlos bajo el régimen de libre nombramiento y remoción.
La demanda fue presentada por el abogado Juan evangelista Soler, quien consideró que el artículo 182 del decreto 262 del año 2000, que clasificó estos cargos, violaba los principios de meritocracia y de igualdad de los procuradores judiciales.
La Corte acogió una ponencia del magistrado Mauricio González y consideró que la norma contrariaba la línea jurisprudencial que ha establecido el alto tribunal en materia de meritocraciay restringía el acceso a los empleos públicos en la Procuraduría.
El fallo le dio seis meses de plazo al procurador Alejandro Ordóñez para que convoque a concurso de méritos para los 750 cargos que hay en nómina en este momento en el Ministerio Público y otros seis meses para evaluar las postulaciones y proveer los cargos de acuerdo con los puntajes más altos.
Según la sentencia, el decreto declarado inconstitucional clasificó los cargos como de libre nombramiento y remoción desconociendo que los procuradores nombrados adquirían la misma categoría y derechos salariales de los jueces y magistrados de la República ante quienes intervienen, pero con la salvedad de que los funcionarios judiciales están en carrera judicial.
El salario de los procuradores judiciales uno y dos es equivalente al del juez de circuito o especializado, o magistrado de tribunal. Esto quiere decir que su sueldo está entre los ocho y 18 millones de pesos mensuales, incluidas las primas adicionales que reciben los funcionarios judiciales.
En un concepto entregado a la Corte, Ordóñez pidió a los magistrados rechazar la demanda afirmando que estos funcionarios debían estar subordinados al Procurador General debido a que actúan por instrucciones y disposición de la cabeza del Ministerio Público.
Además, agregó Ordóñez, el alto tribunal ya se había referido al mismo tema en otra sentencia del año pasado y había declarado constitucional el decreto.
Cabe recordar que cuando el procurador Ordóñez inició su primer periodo coo Jefe del organismo de control, la entidad contaba con 515 procuradores judiciales I y II.
