La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó cambiar la radicación del proceso que se adelanta contra un capitán y un mayor del Ejército Nacional y un civil por su participación en los hechos que rodearon la ejecución extrajudicial de dos jóvenes quienes fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.
El alto tribunal avaló la solicitud presentada ante el juzgado penal especializado del Circuito Especializado de Manizales por la Fiscalía General, la Procuraduría General y los representantes de los familiares de las víctimas debido a las amenazas e intimidaciones que se habían registrado en contra de los testigos.
En el recurso estudiado por la Corte se manifiesta que desde el momento de los hechos “la madre del occiso Darbey Mosquera Castillo” quien funge como líder social del movimiento de víctimas y fue testigo del caso “ha sido objeto de amenazas, hostigamientos, persecución, desplazamiento forzado y tentativa de homicidio por su exigencia de que se conozca la verdad”.
Según la solicitud, ha recibido llamadas y mensajes de texto a su celular amenazantes, así como panfletos a su domicilio en los cuales se “pregona” su muerte y la de sus abogados. El alto tribunal tuvo en cuenta el hecho que debido a estos hechos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ordenó medidas cautelares para la mujer y los abogados de la parte civil e implementación de instrumentos por parte de la Unidad Nacional de Protección que fueron retiradas por falta de presupuesto.
Por lo que se pidió el cambio de radicación del proceso como medida necesaria para velar por la seguridad e integridad personal de los intervinientes, las víctimas y los testigos. El despacho judicial aclaró que se han podido determinar las amenazas y el riesgo que existe lo que dificulta el acceso y la administración de justicia. «Del escrito de acusación se evidencia que uno de los potenciales testigos de cargo de la Fiscalía quien venía colaborando con la investigación fue amenazado».
“La Sala observa que las circunstancias externas en que se sustenta el pedido de cambio de sede, derivan de informes de autoridades especializadas en la materia, así como de panfletos y textos en teléfonos que expresamente amenazan con atentar contra la vida e integridad personal de las víctimas y sus apoderados si se insiste en coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos investigados”, precisa la Corte Suprema.
Ante estos hechos el caso será asignado al reparto de los juzgados penales del circuito especializado de Cundinamarca teniendo en cuenta que no se ha dado comienzo a la audiencias de juicio oral, lo cual garantiza continuidad en el juzgador que dirija el debate probatorio y emita el fallo. “En el presente evento, a voces de la acusación, los apoderados de las víctimas le dirigieron el escrito y, al encontrarlo ajustado a la prueba y a la ley, la convencieron y, así, la Fiscalía reclamó el cambio de radicación”.
Los uniformados adscritos al Batallón Contraguerrilla No.57 Mártires de Puerres y el considerado “reclutador” enfrentan un proceso por el crimen de dos personas en la vereda Java en el desarrollo de la Operación Fénix en febrero de 2008. Los militares incluso recibieron una felicitación por parte de sus superiores por el abatimiento de dos NN pertenecientes a bandas criminales al servicio del narcotráfico.
La Fiscalía General los acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, tentativa en homicidio y falsedad ideológica en documento público.
