“Hay muy pocas sentencias, las investigaciones en muchos casos se encuentran estancadas y no hay un avance hacia arriba en la cadena de mando”.
Esa fue una de las conclusiones más fuertes de la misión de la Corte Penal Internacional (CPI) que durante esta semana revisó los avances de la justicia colombiana en las investigaciones por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el país.
En una rueda de prensa de balance, los delegados de la CPI reconocieron los esfuerzos de las autoridades colombianas para romper la impunidad, pero pidieron resultados que vayan más allá de los autores materiales de las ejecuciones extrajudiciales, es decir, que también respondan los altos oficiales que tenían a cargo las tropas vinculadas con estos hechos.
Aunque el caso más conocido es el de los ‘falsos positivos’ de Soacha, que ocurrieron entre el 2007 y el 2008, las denuncias y procesos por supuestas muertes fuera de combate se dispararon desde el 2004.
La ONU y organizaciones de derechos humanos hablan de 3.000 casos, por los que han sido condenados algunos coroneles. Hay más de 1.600 militares investigados desde el 2003.
Desde hace varios meses, el fiscal Eduardo Montealegre viene presentando un plan para asumir esos casos de manera sistemática, de tal manera que se pueda establecer un patrón criminal y no quedarse en los responsables puntuales. El mismo Montealegre ha advertido del riesgo de que la CPI intervenga en el país por la falta de resultados.
“La Fiscalía nos ha explicado los intentos de dinamizar los equipos de investigación, de establecer metodologías de análisis modernas que permitan establecer patrones de criminalidad. El tiempo dirá cómo se traduce esto en hechos concretos, en resultados tangibles”, dijo Emeric Rogier, jefe de la misión.
Y agregó que la Corte seguirá con lupa el proceso de reforma al fuero militar, “para analizarlo detalladamente y saber si es compatible con los principios del Estatuto de Roma”, el Tratado que creó la Corte Penal en 1997.
La misión también se refirió a otro tema que ha estado en su agenda en esta semana: el ‘Marco Legal para la Paz’.
Además de expresar su apoyo a las negociaciones con las Farc, advirtió que no puede haber perdón y olvido sobre los crímenes cometidos por los actores ilegales.
“El proceso de paz debería ser compatible con el Estatuto de Roma –expresó Rogier–. Ninguna amnistía sería compatible, pero entre impunidad total y justicia final hay un rango de opciones, hay diferentes soluciones legales. Esto es lo que vamos a monitorear”.
Frente a la extradición, la CPI reconoce el trabajo de las autoridades. “En términos generales, por lo que se nos ha dicho y por lo que hemos podido ver, hay esfuerzos para intentar que aun aquellos paramilitares que han sido extraditados puedan brindar testimonios valiosos, hay un esfuerzo para evitar que la extradición implique impunidad”, dijo.
