Después de un año y cuatro meses de ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras —tiempo en el que se reglamentó—, se crearon las instituciones para la reparación y los tribunales agrarios, y ahora cerca de 1.500 demandas esperan sentencia de los jueces agrarios.
A estas se suman 4.500 que serán presentadas en lo que resta del año y que, según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, «significan que vamos a pasar de la etapa de preparación jurídica de las demandas a la restitución material».
El funcionario reconoce que si hasta el momento es evidente una oposición violenta a la devolución por parte de testaferros de paramilitares, la guerrilla o personas que se beneficiaron del despojo, en adelante puede esperarse una reacción más fuerte (ver entrevista).
Líderes de los desplazados como Carmen Palencia, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra, tienen tanta ilusión como temores ante la proximidad de un gran número de fallos de restitución, como lo anticipa el Gobierno.
«Aunque la restitución no avanza a la velocidad y en la cantidad que quisieran las víctimas, se puede dar un retorno importante de víctimas con sentencias a favor de ocupar sus predios. Eso implica una situación delicada que exige muchas garantías de seguridad», indicó Palencia, quien se moviliza en carro blindado y escoltada debido a las amenazas.
A la fecha, mediante la Ley 1448 de 2011, se han restituido por la vía judicial cerca de 12 mil hectáreas. Pero el costo pagado por las víctimas ha sido alto. Según la oenegé Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, (Codhes), desde 2002 han sido asesinadas 57 personas que lideraban desplazados en su reclamación de tierras.
Tres víctimas en 30 días
Las últimas víctimas fueron asesinadas en seguidilla en los últimos 30 días. El 23 de marzo y luego el pasado 9 de abril fueron asesinados en Valencia (Córdoba) los líderes Éver Antonio Cordero Oviedo y Ermes Enrique Vidal. Y el 12 de abril mataron a Narciso Teherán, integrante de las 130 familias que reclaman un predio de 120 hectáreas conocido como El Tamarindo, en zona rural de Galapa (Atlántico).
A los homicidios se suman las amenazas, atentados fallidos y desplazamiento. De esa intimidación da cuenta Johnny Besaile Fayad, secretario del interior de Córdoba, uno de las tres regiones con mayor despojo.
Tras los asesinatos recientes en Valencia, «le pedimos al Gobierno seguridad para los reclamantes amenazados y las zonas de restitución como el sur de Córdoba. Por eso solicitamos 350 policías y 250 para Montería, ya que el año pasado retiraron escuadrones de carabineros que vigilaban esas áreas».
La respuesta inmediata del Gobierno fue ofrecer, por parte del propio presidente Juan Manuel Santos, recompensas de 100 y 200 millones de pesos por homicidas de los líderes y ocho personas más.
Pero según Carmen Palencia, las autoridades están en mora de judicializar a otras personas denunciadas por atentar contra los desplazados y sus líderes. Y señala que con asociaciones de víctimas de todo el país elaboran una lista que entregarán a la Policía para ampliar el cartel de los enemigos de la restitución.
EN DEFINITIVA
El Gobierno espera acelerar la restitución de tierras con las 1.500 demandas que están en espera de sentencia de jueces y 4.500 más que serán instauradas en los próximos meses.
ENTREVISTA
“Veremos más enemigos agazapados”
Juan Camilo Restrepo
Ministro de Agricultura y de Desarrollo Rural.
Asegura que viene una nueva etapa de restitución que va a pisar callos…
“Digo eso porque después de la etapa de demandas legales se acerca la de recuperación material de los predios despojados a la población en los últimos 20 años. Y está claro que eso significa que se van a tocar muchos intereses oscuros y veremos cada vez más enemigos de la restitución agazapados que se apoderaron de tierras a sangre y fuego y las quieren conservar a sangre y fuego”.
Los reclamantes de tierras se sienten desprotegidos, ¿qué medidas se adoptarán ahora?
“Es una etapa más delicada que exige más seguridad para los reclamantes. Además del cartel de los enemigos de la restitución que se difundió este mes se designó un grupo especial de la Policía para coordinar la protección a las personas con riesgo. Las investigaciones han permitido ya judicializar varios responsables del despojo y las amenazas, como Augusto “Tuto” Castro en Magdalena”.
¿A muertes y amenazas se suman las minas antipersonal como barreras para recuperar predios?
“La restitución está condicionada a la seguridad y eso incluye que las tierras deben estar libres de las minas. Por eso hay un trabajo articulado para priorizar el desminado”.
Municipios como los del Oriente antioqueño tienen retornos masivos…
“Ese retorno exige un trabajo conjunto entre Gobierno Nacional, Gobernación y alcaldías, porque esto debe complementarse con proyectos productivos”.
