El sábado pasado, sicarios disfrazados de policías entraron a la casa de Iván Darío Restrepo, ubicada en Bello, Antioquia, y lo asesinaron.
La razón de este homicidio es sencilla, es cruel, es el ejemplo perfecto que describe una realidad redonda: lo mataron por reclamar una tierra que por ley (y por justicia) merecía que le restituyeran. Así, simple.
Muchas preguntas se abren para el caso individual: ¿Qué pasó con el esquema de seguridad? ¿Cuáles son los protocolos que maneja la Policía? ¿Por qué unos sicarios pueden simular con precisión las rondas de seguridad en horarios exactos? Por lo menos, esas son las que se hace, de manera pertinente, Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades).
La realidad particular de Restrepo, la de ser un reclamante de cuatro predios que estaban en el barrio La Gabriela, entre Bello y Medellín, arrebatados por la banda “Los Triana” en 2009, se suma ahora a los 65 asesinatos que ha habido contra personas que participan en este tipo de procesos. De esa estadística de cadáveres contados, sólo un caso ha obtenido justicia. El resto permanecen en la impunidad. ¿Qué pasa, entonces, no sólo con la seguridad, sino ahora con la justicia?
Pero hay más. La verdad que pueda ser dicha en este tipo de casos también se encuentra hoy bajo amenaza: a través de un panfleto firmado por un genéricamente llamado “Ejército antirrestitución de tierras” se declaró como objetivo militar a ocho periodistas (reporteros de Blu Radio, RCN TV, CM&, Al Día, Maravilla, RPT, El Heraldo y Radio Guatapurí), quienes en Valledupar cubren los temas que a Iván Darío Restrepo le costaron la vida. La Fundación para la Libertad de Prensa pide protección para seis de ellos que aún no tienen un esquema de protección. Increíble.
Ante todo este panorama que es, ni más ni menos, algo que luce claramente como un ataque sistemático contra este programa, ¿cómo responde el Gobierno? El presidente Juan Manuel Santos, a través de su cuenta en Twitter, condena el crimen contra el reclamante en Bello. Confía en que habrá justicia. O, como dijo hace poco, ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita esclarecer quién mató al líder comunitario Éver Cordero en Valencia, Córdoba.
Aparte de los delitos individuales y de los esfuerzos (mediáticos o no) que se hagan para esclarecerlos uno a uno, la problemática no es nueva. Ni tampoco debe ser vista por casos: no se trata simplemente de dos sicarios que se disfrazan de policías y van y matan a un reclamante. Desde hace mucho tiempo los medios advertimos de estos personajes que, “a motosierra limpia”, prometieron entorpecer los procesos que se estaban gestando para restituir la tierra. Hablaban en serio. Era obvio, la devolución de tierra, de donde emanan la mayoría de las violencias de este país, no iba a ser un tema fácil ni legalmente aceptable para quienes la habían conseguido a punta de sangre.
Por eso resulta increíble que el principal esfuerzo, aparte de proteger y poner esquemas de seguridad (que sí, es fundamental), no sea desmantelar de una vez a esas bandas criminales que sistemáticamente amenazan nada menos que el programa bandera del gobierno actual. Es inconcebible que sigamos siendo testigos de cómo la gente que reclama sus derechos es blanco de un grupo de armados que no soportan que se haga una justicia de tipo histórica en este país.
Ya va siendo hora de que el problema se afronte de otra forma, más allá de los lamentos y la confianza en la justicia.
Por: Elespectador.com
http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-421027-criminalidad-sistematica
