Estuvo en ruedas de prensa, posó en fotos al lado del actor español Luis Tosar y de la colombiana Martina García. Lo aplaudieron y le dijeron que su historia, narrada en la película ‘Operación E’, era un ejemplo de tenacidad. Crisanto Gómez montó en avión y apareció varias veces en televisión. Todo ocurrió en febrero pasado. Pero hace dos meses, la vida de Crisanto, el hombre que cuidó al hijo de Clara Rojas durante su cautiverio volvió a ser la de siempre.
“Y ahora estoy pasando por la pena de no estar recibiendo lo que me corresponde como persona que necesita ser protegida por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, cuenta. Según dice, su seguridad fue evaluada el año pasado y quedó en la clasificación de riesgo “extraordinario”. Entonces, la unidad le ofreció otorgarle durante un año tres salarios cada mes, un chaleco antibalas y una línea telefónica. “Y hasta diciembre del 2012 se cumplió. Pero en enero y febrero me dieron una suma menor y en marzo y abril no la recibí”, señala.
Lo que más le preocupa a Crisanto es la respuesta que encontró en la unidad. “No tenemos con qué ni sabemos cuándo podemos volver a consignarle. El Ministerio de Hacienda no ha desembolsado los recursos para las víctimas”, cuenta Crisanto que eso es lo que le han dicho ante sus reclamos. Su caso no es el único. Como él, hay 3999 personas que son protegidas por el Estado y que en los últimos dos meses no han recibido el dinero que les corresponde, según el riesgo que tienen.
La situación es grave, sobre todo porque los 4 mil beneficiarios que están dejando de ser ayudados económicamente, tienen un nivel de amenazas e inseguridad que no les permite trabajar ni llevar sus vidas como cualquier otro ciudadano. Es el caso de Crisanto. “Después de todo lo que pasó con la película volví a mi vida normal, en el anonimato, pero con más riesgo. Las amenazas aumentaron”, señala.
El esquema de seguridad, que se reduce a un chaleco antibalas y un teléfono, sí se mantiene. Sin embargo, crece la incertidumbre por saber si tendrán recursos para comer o para mantener a sus familias durante los próximos meses.
Según conoció ELTIEMPO.COM, efectivamente durante los dos últimos meses no se ha pagado a debido a que el Ministerio de Hacienda no ha girado el dinero que corresponde a 2 mil millones mensuales para responder a las 4 mil personas beneficiarias. Lo que recibe cada uno varía de 1 a 3 salarios mínimos mensuales.
En respuesta a una solicitud realizada por este medio para conocer por qué fue suspendido el pago a los beneficiarios, el Ministerio de Hacienda aseguró que ante el aumento del presupuesto solicitado por la Unidad Nacional de Protección, en la actualidad se tramita la consecución de 14 mil millones de pesos, mientras se adelanta el proyecto de ley de traslados presupuestales ante el Congreso de la República.
“La UNP formuló una solicitud de recursos adicionales por 120 mil millones de pesos al Ministerio de Hacienda, para un presupuesto definitivo en el año 2013 de 345 mil 489 millones, que comparado con el del 2012 estaría creciendo un 45 por ciento”, respondió la cartera de Hacienda.
Por ahora, el desembolso que promete el ministerio servirá para cubrir a algunos de los beneficiaros. Falta que se tramite “los 106 mil millones restantes para atender la solicitud de recursos adicionales de la Unidad Nacional de Protección”
Mientras tanto, 4 mil personas catalogadas dentro de las categorías de riesgo establecidas por la sentencia T-1026 de 2002, de la Corte Constitucional y posteriormente definidos por el Decreto 4912 de 2011, siguen a la espera de una respuesta clara. “Queremos seguir si sí nos van a seguir ayudando o si definitivamente, como dicen, no hay presupuesto”, asegura Crisanto.
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