Con un llamado a la Corte Constitucional para que dé su aval al marco jurídico para la paz, el defensor del Pueblo, Jorge Otálora, entró a terciar en el debate que tiene enfrentados al fiscal Eduardo Montealegre y al procurador Alejandro Ordóñez.
En un concepto que radica este lunes, el Defensor consideró que la fórmula que fija la norma para seleccionar delitos y priorizar su juzgamiento en un eventual proceso de paz no sustituye la Constitución, como afirma una demanda que estudia el alto tribunal.
El pronunciamiento coincidió con la posición del fiscal Montealegre, quien considera que el marco jurídico para la paz no puede ser catalogado como sinónimo de impunidad, y difiere de la postura del Procurador, que calificó la norma como una ofensa para las víctimas.
Según Otálora, la fórmula de justicia aprobada, en términos prácticos, resuelve dificultades como la falta de recursos para someter a todos los que se acojan a un eventual proceso de paz y juzgar todos los delitos. También garantizarían una pacífica terminación de conflicto, la eliminación de las estructuras armadas, sus prácticas criminales y facilitaria una reparación y llegar a la verdad de lo sucedido.
Es el caso de la Ley de Justicia y Paz, creada para desmovilizar a los grupos paramilitares. Un alto número de sus jefes –señaló el Defensor– se acogieron a esa norma, desbordando la capacidad de la Fiscalía y desnudando su insuficiencia en las investigaciones.
También mencionó otras experiencias en el mundo, como los tribunales ad hoc creados para la antigua Yugoslavia, en la que las mismas Naciones Unidas (ONU) recomendaron en una resolución priorizar el juzgamiento de autoridades civiles y jefes militares y paramilitares involucrados en delitos atroces.
En sus planteamientos, el Defensor finalmente recordó que los principios de justicia transicional ya han sido aceptados por la misma Corte en otros fallos.
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