El promedio es así: de enero a junio de este año, cada día fue agredido un defensor de Derechos Humanos y cada cuatro fue asesinado uno.
Esto es, en meras cifras del informe de la ONG Programa Somos Defensores, y refiriéndonos particularmente al tema de los homicidios, 27% más personas que en el mismo periodo del año pasado.
Treinta y dos hombres. Cinco mujeres. La mayoría de ellos profesores, líderes campesinos y sociales, sindicalistas, en su mayoría pobres, asesinados por desconocidos o guerrilleros de las Farc o integrantes del Ejército. El informe precisa que la mayoría de los cuerpos fueron desaparecidos y luego aparecieron por ahí, botados, con signos visibles de tortura. Cosa que evidencia, por supuesto, que no son asesinatos atribuibles a la delincuencia común: no se trata en este caso de que la persona estuviera en el lugar equivocado, sino que lo ubicaron y lo persiguieron por una causa. Indignante.
Estando en la escritura de estas líneas, nos llega la noticia nada alentadora de que el grupo conocido como Los Rastrojos ha amenazado a miembros del Polo Democrático Alternativo y a líderes sindicales. Clara López, la presidenta de la colectividad, ha pedido al gobierno de Juan Manuel Santos que responda al comunicado de ese grupo criminal: que proteja a los dirigentes que han sido amenazados.
Entonces una de las preguntas que nos quedan es ¿qué ocurre con las normas de protección y con los programas? Y, acercándonos a un terreno más material: ¿qué hay de con los guardaespaldas, con los carros blindados, con las medidas de fuerza y seguimiento que deben aplicarse en estos casos?
Pero más allá de todas estas medidas, que ayudan a la protección pero no solucionan nada, está, por otro lado, lo que dice Ana Teresa Bernal, alta consejera para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación de Bogotá: “hay que hacer una articulación interinstitucional para que estos defensores cuenten con mayores herramientas para desarrollar su labor. Mayor visibilidad y reconocimiento que, en últimas, es el blindaje más importante que existe en una sociedad violenta como la nuestra”.
Contrasta esta realidad con el tiempo límite de un año que hace unos días le impuso el presidente Santos a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia: ¿Por qué —vale preguntarse— si estamos tan bien, según el discurso oficial, hay más asesinados por la noble labor de defender los Derechos Humanos? ¿Qué pasa en este país en donde alguien es asesinado por levantar su voz por el desprotegido?
Es obvio que en la mayoría de los casos los crímenes son perpetrados por parte de grupos armados ilegales. Pero la responsabilidad, en últimas, es del Estado, que tiene el deber de proteger a quienes, desde una labor muchas veces no remunerada, dan la pelea por defender la democracia en términos reales. Y esto se veía venir: si los programas bandera del Gobierno eran sobre víctimas y restitución de tierras, resultaba obvio que los violentos se molestarían y se levantarían para recuperar lo que por ley perdían.
Es deber del Gobierno hacerles seguimiento a estos casos: dónde fueron, en qué municipios de la geografía nacional, bajo qué métodos. Quedarse en la idea de que ya estamos “graduados” en la defensa de los derechos humanos no sólo niega una realidad latente sino que además resulta contraproducente en la intención de darle la vuelta a esa realidad.
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