Dice que existen mecanismos para evitar impunidad, así los uniformados tengan inmunidad diplomática.
A raíz del escándalo que revivió por cuenta del informe de la Comisión Histórica del Conflicto, presentado en febrero por el Gobierno y las Farc en el marco del proceso de paz, y que da cuenta de al menos 54 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes en los municipios de Melgar (Tolima) y Girardot (Cundinamarca) por personal estadounidense, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado para que se haga justicia al respecto.
El informe de la Comisión, además de alertar por los abusos de militares y contratistas estadounidenses a menores en Colombia durante el Plan Colombia, da cuenta de grabaciones en video que hicieron los responsables de las relaciones abusivas y que después fueron vendidas como material pornográfico.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo le pidió a la Cancillería y al Ministerio de Defensa que “a través de los canales diplomáticos y de cooperación binacional, se requiera a las autoridades norteamericanas para que rindan un informe sobre el estado y avance de las investigaciones relacionadas con presuntos abusos de militares y contratistas norteamericanos en Colombia”.
El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó que estos procesos “deben trascender la órbita disciplinaria, ya que de comprobarse ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes”.
Otálora recordó que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, “existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables”.
El Defensor del Pueblo pidió cuántos de los casos denunciados en el informe han sido investigados y en qué etapa se encuentran esos procesos.
Por su parte, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Cristina Plazas, ordenó este martes iniciar una búsqueda de las niñas y adolescentes que fueron abusadas sexualmente.
En diálogo con ELTIEMPO.COM, Plazas señaló que le pidió a los directores regionales de Cundinamarca y Tolima "designar unas comisiones especiales que se encarguen de establecer un mecanismo que permita hacer una búsqueda activa" de estas mujeres, para que instauren denuncias y puedan recibir todo el apoyo psicológico por parte del Estado. Además, Plazas informó que las víctimas pueden denunciar los hechos a la línea 018000 91 8080.
A su turno, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que su país no permitirá ese tipo de conductas. "La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha trabajado cercanamente con las autoridades colombianas para investigar los hechos y tomar las acciones disciplinarias necesarias", afirmó.
En marzo pasado un artículo de EL TIEMPO dio cuenta de la impunidad que ha enfrentado el caso de una violación que un contratista y un sargento de Estados Unidos cometieron contra una niña de 12 años en el 2007 en Melgar, cuando esta entró a un baño de un establecimiento del municipio. A pesar de que los dos agresores fueron identificados, no pudieron ser castigados por su inmunidad diplomática.
Los 12 expertos y dos relatores que elaboraron el documento afirman que este comportamiento sexista y discriminatorio por parte de extranjeros se puede denominar ‘imperialismo sexual’.
