Hace cerca de un mes, el Ministerio de Trabajo adelanta una investigación preliminar contra el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, tras las denuncias que por acoso laboral interpuso su exsecretaria privada.
De acuerdo con el viceministro de Trabajo, Enrique Borda, si se comprueba que se presentaron faltas, la entidad que dirige Otálora podría ser sancionada hasta con 5.000 salarios mínimos, lo que representa cerca de 2.000 millones de pesos.
“Las multas que puede imponer en el sistema de inspección, vigilancia y control, el ministerio de trabajo, son hasta 5 mil salarios mínimos, a las empresas y entidades”, señaló Borda.
No obstante, Borda aclaró que la entidad encargada de aplicar sanciones disciplinarias contra el defensor es la Procuraduría y no el Ministerio de Trabajo.
“Las conductas de las personas individualmente consideradas que tienen el cargo superior jerárquico con el cual pueden ejercer el acoso laboral, esas conductas tienen investigación especial del Ministerio Público tratándose de un empleado público”, sostuvo.
