Una comunidad afro de un consejo comunitario que abarca cuatro municipios del suroriente de Chocó sigue desplazada por el conflicto armado. Los que resistieron soportan la ola de mineros ilegales que explotan oro en su territorio. Esta es la próxima demanda de restitución étnica.
“Estamos cansados de los diagnósticos que a diario hacen diferentes instituciones del gobierno y no vemos los resultados. Queremos que haya una pronta solución a todos los problemas… cinco mil personas siguen desplazadas”, dice un líder del Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca), que integra comunidades asentadas en la región del Alto Atrato chocoano.
Su historia es similar a la de los indígenas Emberá-katíos del Alto Andágueda, también en el Chocó, o de la comunidad afro Renacer Negro en Timbiquí, en el Cauca. Después de una fuerte ola de violencia provocada por guerrilleros, paramilitares y ahora bandas criminales, afrontan varios problemas: por un lado, el gobierno concesionó gran parte de su territorio a empresas nacionales y extranjeras para la exploración del subsuelo sin haberlos consultado, y por otro, una ola de mineros llegó con maquinaria para explotar el metal precioso. A su paso estos últimos han arrasado con bosques y contaminado ríos.
La restitución de tierras no sólo aplica para campesinos que abandonaron o les despojaron de sus tierras durante el conflicto. La Ley de Víctimas fue complementada con dos decretos étnicos, entre estos el 4635 de 2011, que favorece a los afrodescendientes. Estas comunidades, a diferencia de los campesinos, viven en territorios colectivos y en sus demandas de restitución solicitan el respeto de sus derechos territoriales, es decir, que su consejo comunitario esté libre de actores armados y de particulares que realizan actividades ilegales, para poder vivir tranquilos.
Los afros de Cocomopoca aseguran que 13 de las 43 comunidades que comprenden su territorio están abandonadas como consecuencia del conflicto armado y que la minería ilegal trajo consigo la permanencia de los actores armados ilegales, la fractura de la comunidad y el desarrollo de enfermedades como la malaria.
Según Luis Azcárate, director de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras, el gobierno presentará en octubre de este año la demanda de restitución de derechos territoriales de esta comunidad, que comprende 73 mil hectáreas entre los municipios de Bagadó, Cértegui, Atrato y Lloró y donde viven 2 mil 300 familias.
La comunidad espera que con la demanda y una decisión a su favor se frene la minería ilegal y que por orden del juez la Agencia Nacional Minera suspenda los títulos mineros ya concesionados sobre el territorio afro.
Los líderes de Cocomopoca llevan años pidiéndole al gobierno que detenga la concesión de títulos mineros que se traslapan con su territorio, que suspenda los bloques mineros aprobados por el Ministerio de Minas y que también se cruzan con su territorio, y que se les garantice vivir en tierras libres de la minería legal e ilegal así como de cualquier actor armado.
Para los líderes de esta comunidad fue una sorpresa que el Juzgado Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó no les diera del todo la razón en julio de este año, cuando les otorgó medidas cautelares o de protección. Estas medidas se supone que son provisionales mientras existe una sentencia de restitución.
Aunque el fallo ordenó a las autoridades investigar la situación de minería ilegal y estudiar las condiciones de seguridad de los líderes, negó la suspensión de los títulos y bloques mineros aprobados por el Ministerio de Minas. Lo paradójico es que el mismo juez, un año atrás, le otorgó medidas a la comunidad vecina del Alto Andágueda y en su caso, sí solicitó la suspensión de los títulos. (Ver
medidas de Cocomopoca y ver
medidas de Andágueda).
“El tema que nadie quiere hablar es que hay una contradicción entre la política de restitución y el desarrollo minero que quiere hacer el gobierno. Las peticiones de las comunidades afectan los intereses de los inversionistas”, explicaron integrantes del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, la organización que jurídicamente asesora a Cocomopoca y que presentó la medida cautelar.
Azotados por la violencia
La comunidad que hoy se conoce como Cocomopoca se constituyó primero como una organización campesina llamada Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Opoca) en 1986. Nació junto a otras comunidades de la región del medio y el alto Atrato como la Asociación Campesina Integral del Atrato (Hacia, hoy llamada Cocomacia), que a finales de los años 80 exigieron el respeto de sus derechos frente a las decisiones del gobierno de otorgar licencias para explotar recursos naturales.
Con la Ley 70 de 1993, o Ley de las comunidades negras, un año después la comunidad le solicitó al gobierno el reconocimiento como consejo comunitario ya que su población era mayoritariamente afro. En 1994 comenzaron a llamarse Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato (Cocomopoca).
Los habitantes cultivaban borojó, chontaduro y plátano, y se dedicaban a la pesca, la cacería y el barequeo, una práctica artesanal que consiste en la extracción de pequeñas cantidades de oro. Las 43 comunidades que integran en la actualidad el Consejo se fueron organizando en ocho zonas a lo largo de los ríos Andágueda y Atrato, en las cuencas de los afluentes Tumutumbudó y Capá.
Pero mientras los afros trataban de llevar una vida tranquila, en terreno comenzaron a lidiar con el conflicto armado. Las guerrillas llegaron al Chocó desde finales de los años setenta y durante las siguientes dos décadas engrosaron sus tropas, irrumpieron en el tráfico de drogas e intensificaron los secuestros, las extorsiones y los asesinatos.
Según datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, desde los años noventa en la región del alto Atrato hacen presencia el Frente 34, la compañía Aurelio Rodríguez y el Bloque Móvil Arturo Ruiz de las Farc. También lo hace el Frente Manuel Hernández El Boche del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Cansados del irrespeto a su territorio, en 1999 la comunidad solicitó al antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora, hoy Incoder) la titulación de las 172 mil hectáreas del territorio en el que vivían. Pero por causa del conflicto, la titulación fue suspendida por varios años. Aunque la Unidad de Justicia y Paz no tiene registros de que el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc de alias ‘El Alemán’ haya tenido presencia en el alto Atrato, la comunidad asegura que los paramilitares llegaron hasta su territorio. “Acá llegaron esos actores armados que no conocíamos”, dicen aún con miedo algunos de sus habitantes.
En 2000 y 2003, la violencia en al alto Atrato se recrudeció con las tomas guerrilleras, que causaron desplazamientos masivos. Según datos de la Unidad Nacional de Víctimas, durante ese período fueron expulsadas 4 mil 800 personas cuando los tres años anteriores los desplazamientos registrados fueron de 214 personas.
La comunidad asegura que durante esos tres años fueron frecuentes los secuestros, las desapariciones, los asesinatos y que hubo varias tomas guerrilleras, entre ellas, la de la cabecera municipal de Bagadó en 2000 y la de la cabecera de Lloró en 2001. Esta última provocó el desplazamiento de las comunidades de Villa Nueva, Tapera, Calle Larga, San Jorge, Hamacas, Ogodó y Canalete.
Luego, las dos minerías
La violencia de la última década terminó por arrasar a Cocomopoca. En el último censo que hizo la comunidad, de 17 mil personas que vivían originalmente en el Consejo Comunitario para 2011 la población se redujo a 12 mil. El resto salió despavorida y once de las 43 comunidades del Consejo quedaron desoladas: Bómbora, La Canal, Churina, Pedro Casas, Iráchura, Pasáragama, Yacoradó, San José y Tápera Bagadó, en Bagadó, así como Villa Claret, en Lloró. En el corregimiento de Piedra Honda, en Bagadó, la comunidad reportó la imposibilidad de transitar por la siembra de minas antipersonal.
En medio del abandono de sus tierras, justo en ese 2011, Cocomopoca recibió la noticia que esperaba desde 1999. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, antes Incora) les reconoció como territorio colectivo 73 mil de las 172 mil hectáreas que reclamaban.
Pero para la comunidad este título parece más una formalidad de papel pues en la realidad “nos han violentado el territorio”, dice un líder, quien pidió la reserva de su nombre. Y se refiere a las dos minerías que llegaron: la legal, que tiene títulos de exploración, pero que por causa del conflicto aún no hace presencia en la zona, y la ilegal, que explota terrenos justo en las comunidades que fueron abandonadas.
Según datos del Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, desde 2005 empresas nacionales, multinacionales y particulares comenzaron a tramitar ante el gobierno títulos mineros para la exploración del subsuelo.
“En la actualidad hay 21 títulos vigentes que coinciden con 17 mil hectáreas que hacen parte de Cocomopoca y en trámite, están otros 27 contratos que se superponen con 34 mil hectáreas más”, advierte este centro de estudios.
Es decir, 51 mil de las 73 mil hectáreas que integran el Consejo están concesionadas, una gran parte de ellas en el Cerro de Dojurá, en el municipio de Bagadó. Según Tierra Digna, la Agencia Nacional de Minería, además, creó 516 áreas estratégicas mineras para ser adjudicadas en modalidad de subastas a partir de 2014, de las cuales nueve de ellas coinciden con el territorio de Cocomopoca.
Tierra Digna cuestiona que aunque no ha habido explotación por parte de estas empresas, “Ingeominas en su momento, y la Agencia Nacional de Minería después, otorgaron los primeros 27 contratos desconociendo al consejo comunitario”. Para la comunidad afro, la preocupación se acrecentó cuando vieron que el Ejército entró a su territorio a custodiar los primeros intentos de exploración. “La incertidumbre es qué va a suceder con estos títulos en el futuro”, dice un líder de la comunidad.
En terreno, la tragedia actual es provocada por mineros ilegales provenientes de Antioquia y Cauca que llegaron al alto Atrato en 2008. Comenzaron a rasgar la zona baja del Andágueda y ahora están en la parte alta. Por lo menos 80 máquinas retroexcavadoras están extrayendo metal precioso. “Todo lo que eran cultivos y viviendas de las personas que se desplazaron ahora son pozos… En la zona baja del Andágueda hay unos cien de ellos”, relata una persona que recorrió la zona durante varios días.
Nadie se atreve a contar directamente lo que sucede en las entrañas de las comunidades integradas a Cocomopoca. Según distintos testimonios, los mineros imponen horarios para que los afros rebusquen pepitas de oro entre las sobras de cada mina, comercializan el metal en Quibdó y Risaralda, y son ‘protegidos’ por actores armados. Mientras las Farc y el Eln controlan el negocio en las zonas rurales; la banda criminal ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Los Urabeños’ lo hace en los cascos urbanos.
Fuera del miedo de convivir con foráneos y actores armados, los habitantes temen ser contagiados con malaria. Los cráteres que dejaron las retroexcavadoras se inundaron por las lluvias, favoreciendo la reproducción del mosquito que transmite la enfermedad. “En Lloró hay reportados 100 casos de personas con ese mal”, cuenta un líder de la zona.
En los territorios de Cocomopoca algunos habitantes se han accidentado en las minas tratando de sobrevivir con el ‘barequeo’. Actividades ancestrales como la pesca, se convirtió en una actividad limitada por la contaminación de los afluentes y los alimentos escasean porque la minería barrió con los cultivos. Varios de los líderes de la comunidad recibieron medidas de la Unidad Nacional de Protección por las constantes amenazas.
