Como se recordará, todo comenzó cuando Sepúlveda fue capturado poco antes de que saliera a la luz pública un video de una reunión suya con Luis Alfonso Hoyos, director espiritual de la campaña, y el propio candidato, en la que se hace alusión a actividades que no solo estarían en contravía del Código Penal, sino que constituirían una seria amenaza a la seguridad nacional.
El caso es que, hasta la semana pasada, la mencionada pieza audiovisual era la única fuente de información respecto al rol de este enigmático personaje. Los detalles adicionales que habían trascendido tenían como fuente declaraciones de allegados. Había entonces gran expectativa por conocer de boca suya cuál era en realidad su papel y, de paso, qué pretendían las huestes del aspirante al recurrir a sus servicios. Esto explica el revuelo suscitado por sus recientes afirmaciones, que incluyen comprometedores señalamientos de personajes de la política, funcionarios e instituciones, inclusive castrenses, rápidamente desmentidos por la mayoría de los involucrados.
Estas mismas personas deberán ahora hacer lo propio en los estrados, y el protagonista de esta truculenta historia, probar la veracidad de sus sindicaciones. Sobre esto último hay que advertir que la posibilidad que se le concedió a Sepúlveda de dar su versión en un medio de comunicación implica para el ente acusador un grado de presión adicional en su labor de llegar a la verdad de lo ocurrido.
Por la gravedad de las acusaciones, es necesario reducir tanto como sea posible la ventana de las especulaciones hoy abierta, algo que solo se logra, insistimos, mediante una actuación eficiente de la justicia. Porque el actual ambiente puede aumentar el riesgo de que las indagaciones tomen el rumbo equivocado. La avalancha de rumores afecta, sin duda, la honra de funcionarios e instituciones enteras, algo muy preocupante, como lo son también las preguntas que quedan en el aire sobre inquietantes porosidades en la seguridad nacional.
Y es que, si se mira a la luz del Código Penal, lo dicho por Sepúlveda deja un largo saldo de posibles delitos, que incluyen, entre muchos otros, traición a la patria, concierto para delinquir, divulgación de información reservada y espionaje, además de conductas que el país no puede nunca más tolerar, como la conformación de grupos armados ilegales y otras igualmente delicadas, como el saboteo del proceso de paz.
Por todo lo anterior, los colombianos, y en particular los más de siete millones que votaron por Óscar Iván Zuluaga, necesitan que pronto se respondan los interrogantes que hoy pesan sobre esta colectividad, labor que solo le atañe a la Rama Judicial.
Por el nivel de las acusaciones y viniendo estas de un personaje de trayectoria enigmática, hay que exigir de todos los involucrados y de la opinión en general máxima prudencia mientras la justicia da su veredicto, pues, en caso de comprobarse, estaríamos ante hechos de una gravedad inusitada, que reclamarían cerrar filas en torno a las instituciones legítimas. De no tener sustento, habrá una sensación de alivio. Pero lo esencial, repetimos, es que se despeje cualquier sombra de duda.
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