Después de siete años de la desmovilización de los paramilitares, la política de desmovilización, reintegración y desarme del Estado presenta más sombras que luces. Así lo concluye la Procuraduría en un informe que bien podría ser una alerta al Gobierno que dialoga en La Habana (Cuba) con las Farc y que concluye, palabras más, palabras menos, que de nada sirve dialogar si, después de los diálogos, no hay una política que ayude a los desmovilizados a reintegrarse satisfactoriamente y no volver a la guerra.
El informe de 59 páginas hace varios llamados de atención y recomendaciones para que el Gobierno corrija el presente y no vuelva a caer en sus mismos errores. En siete años se han presentado falencias en la salud, la vivienda, la educación y el sostenimiento económico de los desmovilizados.
Y sus señalamientos no van única y exclusivamente hacia el Gobierno. En un aparte la Procuraduría asegura que es importante la participación del sector privado en el proceso de reintegración a la sociedad y lamenta que en estos siete años la empresa privada no ha asumido “la corresponsabilidad social frente a la consolidación de la paz y la sostenibilidad del proceso de reintegración por medio del apoyo a iniciativas productivas y sociales que vinculan a los actores de la violencia armada”.
Se espera que la presencia del sector privado en las mesas de negociación, de la mano del presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, sirva quizá para mejorar esta situación de prosperar los diálogos con las Farc.
Este problema, aunado a la baja escolaridad y ausencia de experiencia laboral de la mayoría de los desmovilizados, ha llevado a las políticas de empleabilidad del Gobierno casi al fracaso. Apenas 1.733 de los casi 35.000 desmovilizados se han vinculado a un trabajo gracias a las acciones de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR).
El Ministerio Público enfatiza que los desmovilizados “mantienen niveles de dependencia frente a los beneficios económicos que entrega el Estado, demostrando una posición cortoplacista e inmediatista que les impide elaborar procesos productivos y planes de vida a largo plazo”.
De igual forma, alerta que entre 2003 y 2006 el Estado desembolsó cerca de $1 billón para 4.138 Planes de Negocios Asociativos con una cobertura de 432.380 personas y no se establecieron quiénes eran esos 432.380 y, a la postre, muchos de los planes nunca funcionaron.
En otro aparte, la Procuraduría resalta que “buena parte de las viviendas donde están establecidos son de baja calidad y carecen de saneamiento básico ambiental”. Y, sumado a eso, los lugares en los que viven sufren de altos índices de criminalidad, “lo cual no aporta positivamente al proceso de reintegración”. Y lo que es peor, en muchas ocasiones, en las comunidades en las que viven, se les ve como motivo de inseguridad.
La situación se agrava cuando muchos de ellos se convierten en colaboradores de la Fuerza Pública. Puntualmente la Procuraduría le sugiere al Ministerio de Defensa “erradicar por completo la práctica de uniformar a los desmovilizados que aceptan colaborar con la Fuerza Pública para conducirlos a las operaciones con el fin de orientar a las tropas en sus actividades contra grupos armados ilegales”.
En el caso de los menores de edad que se desvinculan, la Procuraduría resalta que el Ministerio debe esforzarse para que las Fuerzas Militares los envíen prontamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no terminen de colaboradores de la Fuerza Pública. “Los menores desvinculados tienen estatus de víctimas y no pueden prestar esos servicios ni recibir pago alguno por ellos”, expresó.
Además, el Ministerio Público cuestionó que el Gobierno no cuente con cifras fehacientes de lo que ha sucedido con los desmovilizados. No hay una estadística clara de cuántos de ellos han muerto y cuántos han sido asesinados. A tal punto que informes presentados, casi en simultánea, uno por la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) y otro por la Policía, diferían en casi mil registros en lo que a desmovilizados muertos se refería.
Y enfatiza que la entidad encargada de realizar los estudios de riesgo de los desmovilizados, la Unidad de Protección del Ministerio del Interior, corría el peligro de no tener los recursos suficientes para atender la demanda de una población tan numerosa.
Pero hay más cuestionamientos. La prestación de los servicios de salud para los desmovilizados no es la mejor. Aunque la Procuraduría resalta que el sistema de salud en general no pasa por buen momento, hay casos en los que algunos pacientes por el nivel de complejidad de sus malestares deben ser tratados por las secretarías de Salud municipales o departamentales. Sin embargo, la Procuraduría indica que muchas de estas entidades no tienen la capacidad real para atender “una población aquejada por problemas de salud mental, discapacidades físicas permanentes y consumo de sustancias psicoactivas”.
Por cuenta de un vacío jurídico la situación puede llegar a ser peor. El problema radica en que, por ley, las EPS que presenten problemas financieros no pueden hacer nuevas afiliaciones. Este es el caso de Caprecom, la entidad encargada de prestarles el servicio de salud a los desmovilizados. Por esta razón, los nuevos desmovilizados corren el riesgo de quedar a la deriva.
Con este panorama la Procuraduría indica que no basta con diálogos, “el proceso de reintegración a la vida civil de las personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales no puede llevarse a cabo desvinculándolas de la política social del Estado”.
Y agrega que la situación de los paramilitares desmovilizados amerita una “urgente reflexión pública, de cara a una posible nueva desmovilización masiva de personas pertenecientes a grupos subversivos”.
Sostiene que hay muchos elementos para creer que una posible desmovilización de las Farc no sería igual a lo ocurrido con los paramilitares y que, por ello, “la política de reintegración deba experimentar ajustes de fondo en cuanto a sus componentes”.
Punto por punto, así sintetiza la Procuraduría el panorama después de siete años de la desmovilización de las Auc. Un cuadro que podría servirle al Gobierno para reparar los vacíos que, en caso de conseguir que las Farc se salgan de la guerra, podrían convertirse en piedras en el camino de una paz duradera.
El debate en el Congreso
El año pasado se presentaron dos proyectos de ley que resaltaban la importancia de regular la industria y venta de armas en el país pero que nunca llegaron a debate. Uno de ellos fue presentado por el senador Carlos Emiro Barriga, quien ha sostenido que “ningún ciudadano debería andar armado”, y que “el porte y uso de armas de fuego debería quedar solamente en manos del Estado”. El otro proyecto de ley estuvo a cargo del senador Juan Lozano y también planteaba la regulación de armas. Además, la Comisión de Alto Nivel para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de Santos -que dirige Francisco José Lloreda- y el Ministerio de Defensa trabajan en la elaboración de un proyecto de ley para restringir el porte de armas en todo el país, que se discutiría en marzo. Este paso ya lo dio el alcalde Gustavo Petro en Bogotá.
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-400958-desmovilizados-su-suerte
