Pobreza e inseguridad de nuevo prenden las alarmas en el departamento. Informe de la Defensoría.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, trasladó este lunes su despacho a Quibdó y le pidió al Gobierno que designe un gerente para atender los problemas de la región.
“La costa Pacífica requiere de un gerente, de una persona que se dedique exclusivamente a buscar el desarrollo de la región, quien tenga acceso directo al Presidente, a los ministros y a todas las instituciones del Estado”, señaló Otalora, quien el jueves presentará un estudio, conocido por EL TIEMPO, en el que detalla los males que aquejan a las comunidades del departamento.
El informe, que retoma cifras oficiales, documentos académicos y datos recogidos por funcionarios de la Defensoría en el terreno, revela un duro panorama en aspectos relacionados con el conflicto, la economía, el medioambiente y los riesgos a los que están expuestos los niños y adolescentes, entre otras problemáticas.
En cuanto al desplazamiento, por ejemplo, se asegura que el problema no está del todo dimensionado en el Registro Único de Víctimas. Otálora, aunque destacó la actualización permanente del registro, aseguró que “hay una disparidad grande entre las declaraciones que se reciben y la expulsión. Con referencia a los hechos ocurridos este año, por ejemplo, calculamos que el subregistro en el Chocó es cercano o superior al 30 por ciento”.
El documento de la Defensoría resalta que este año hubo tres desplazamientos en Riosucio y dos más en Bajo Baudó. “En el primer semestre del 2014, solo por desplazamientos masivos han sido afectadas 3.311 personas, casi la totalidad de las cuales pertenecen al pueblo embera”, señala el documento.
En cuanto a los casos de menores, principalmente indígenas que han muerto por desnutrición, Otálora hace un llamado para poner en marcha “un plan de acción inmediato”, en el que se den garantías “para el acceso prioritario de estas poblaciones a los servicios de salud”.
El otro gran problema del Chocó es su dependencia económica de la actividad minera, dentro de la cual hay mineros artesanales pero también grupos ilegales. En este sentido, la Defensoría alerta sobre la urgencia de acciones en seguridad, infraestructura y servicios que faciliten la inversión privada para disminuir el desempleo.
Guerrillas y ‘Urabeños’ se reparten control de territorios
El informe de la Defensoría del Pueblo advierte que mientras que las Farc buscan afianzar el control territorial en poblaciones aledañas a los ríos San Juan y Atrato, las acciones del Eln “están destinadas a presionar la instalación de una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional”.
Las guerrillas, según el documento, habrían realizado acuerdos para tener control sobre actividades económicas legales e ilegales, la minería y hasta contener la avanzada militar del Ejército.
En la región del Baudó se han registrado combates entre el Eln con el grupo ilegal de ‘los Gaitanistas’, que han generado desplazamientos y reclutamiento de menores.
Enfrentamientos del Eln con miembros de bandas criminales han generado desplazamientos.
“Las acciones armadas del Eln en el Chocó tienen un mayor impacto en la población civil, porque son comunidades indígenas y afrocolombianas que habitan en condiciones de alta vulnerabilidad (…) Las acciones y ataques del Eln contra la población civil no solo merecen nuestra preocupación, sino que con esa actitud esa guerrilla no contribuye con la expectativa de iniciar un proceso de diálogo para la paz”, analizó Otálora.
El informe también resalta la expansión de ‘los Urabeños’ a zonas del departamento en las que otrora mantenía dominio el bloque Élmer Cárdenas de las Auc y el bloque Pacífico.
La presencia de ‘los Urabeños’, dice el texto, se nota “incluso en los municipios de la costa pacífica chocoana Bahía Solano, Nuquí, en el litoral del San Juan y Medio y Bajo Baudó”. También en importantes centros poblados, como Quibdó e Itsmina.
Todos los ilegales reclutan menores
Entre los datos que ofrece el estudio en relación con los menores en el departamento, se lanza una alerta por los casos de reclutamiento por grupos armados.
La personerías de Quibdó, Cértegui, Itsmina, Tadó y Unión Paranamericana recibieron, cada una, entre dos y tres denuncias al mes durante el 2013. Los grupos armados responsables son el frente 34 de las Farc, el Eln, ‘los Rastrojos’ y otras bandas criminales no identificadas.
A los menores, según se detalla en las denuncias, los llevan a los grupos ofreciéndoles dinero, amenazándolos y hasta “suministrándoles sustancias psicoactivas, a través de alimentos o dulces, para generar adicción y de este modo controlar su voluntad”.
Los grupos buscan a los niños para mover drogas.
Los grupos armados utilizan a niños y jóvenes en los centros urbanos para transportar y vender drogas y cobrar extorsiones.
Esta situación, de acuerdo con la Defensoría, “ha generado dentro de Quibdó desplazamientos forzados intraurbanos, puesto que muchos padres y madres han preferido marcharse con sus familias a otros barrios para evitar la persecución”.
Otro de los datos que revela el estudio es el registro de al menos 20 muertes evitables este año –por falta de prevención o tratamiento–, de niños menores de cinco años en una población indígena víctima del conflicto, que retornó a la zona del Alto de Andágueda.
Los fallecimientos, según el informe, se habrían registrado por enfermedades diarreicas, principalmente asociadas a desnutrición.
Minería amenaza potencial de los ríos
El Chocó goza de una importante riqueza hídrica; sin embargo, resulta paradójico para la Defensoría que la cobertura del acueducto en el departamento es de apenas del 22,5 %, y del 14,9 en alcantarillado, lo que muestra un rezago en comparación con el resto del país, donde alcanza el 83,7 y el 73,1 por ciento, respectivamente.
“La disponibilidad del recurso hídrico, en general, no es un problema en el Chocó. Sin embargo, la problemática ocasionada por destrucción de las cuencas hidrográficas, la deforestación, los efectos nocivos de las prácticas mineras y la contaminación por la descarga de residuos sólidos (…) hacen necesaria la intervención del Estado para garantizar la sostenibilidad del recurso y tener menores costos en la potabilización del agua”, puntualiza.
El estudio señala que los ríos donde se desarrollan actividades mineras “constituyen un riesgo para la salud humana y el ambiente”, y han cambiado su coloración por la sedimentación y residuos como grasa, aceite, combustible y mercurio.
Suben los índices de pobreza
Desde el punto de vista económico, el Chocó no levanta cabeza en los últimos años y, por el contrario, algunos indicadores muestran retrocesos.
Al menos así lo muestra el documento de la Defensoría, que destaca, apoyado en cifras del Dane del 2013, que la pobreza monetaria en el departamento aumentó entre 2011 y 2012, al pasar del 64 al 68 por ciento, mientras que en el país pasó del 34,1 al 32,7 por ciento. Y la pobreza extrema se fijó en el 40 por ciento en el 2012, lo que representa un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto al 2011.
El informe también resalta que la baja fertilidad de los suelos le impide al departamento convertir la agricultura en un sector estratégico para el desarrollo, lo cual lleva a que se fortalezca la minería, “que a su vez genera pocos encadenamientos y no impulsa a otros sectores económicos”. Según el organismo, también hay procesos migratorios de las personas que están más capacitadas y que han acumulado capital.
ALBERTO MARIO SUÁREZ D.
Redactor de Nación
