Según el fallo de la Procuraduría, los 11 integrantes de la Armada asesinaron «arbitrariamente a una persona» que fue presentada como un guerrillero caído en combate. Durante la investigación del Ministerio Público, la defensa de los uniformados no demostró que la víctima hubiese participado en combates con las Fuerzas Armadas.
Los uniformados sancionados disciplinariamente son: Víctor Miguel Salazar Jiménez, Óscar de Jesús Acosta Pabuena, Edinson Corrales Ruiz, Nelson Rafael González Luna, Juan Moreno Vásquez, Jorge Eliécer Barrera Chica, Julio José Baldovino Mercado, Carlos Martínez Acosta, Óscar Javier Marrugo López, Samir Elías Romero Pérez y Silvio Efraín Mazo Ibáñez.
Según las pruebas que recaudó la Procuraduría, se pudo demostrar que la víctima tenía una familia con la cual vivía en el municipio del Carmen de Bolívar. Además, trabajaba en el campo y sus familiares y amigos aseguraron que se trataba de una persona de «buenas costumbres».
Adicionalmente, el hombre no tenía antecedentes judiciales ni tenía solicitudes de captura.
La Procuraduría aseguró que con esta ejecución extraoficial denominada ‘falso positivo’ los 11 uniformados trasgredieron un artículo del Convenio de Ginebra que prohíbe “los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio o toda forma de pena corporal (…)”.
Para la Procuraduría, la falta que cometieron los uniformados es «gravísima» y fue cometida a título de dolo, pues le vulneraron a la víctima «el derecho fundamental a la vida».
Los sancionados pueden apelar la decisión del Ministerio Público.
