La hoja de ruta para trazar el camino es, por supuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, al menos al nivel de las normas que hoy rigen a Colombia: este documento será radicado en el Congreso el próximo 6 de febrero, primero por las comisiones económicas, luego por las sesiones plenarias, para, así, darle una lenta discusión. Sus bases, como ya lo dimos a conocer en este diario el domingo pasado, son bastante ambiciosas.
Un Plan Nacional de Desarrollo, en teoría pura, es el epítome de cualquier política pública aplicable: el documento más emblemático que existe a nivel nacional para acometer una serie de esfuerzos calculados y específicos. Con este, por toda la coyuntura que lo rodea, hay que tener mucho cuidado. De ahí la exigencia que debe haber frente a él.
El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, advirtió que este plan cuenta con un presupuesto de $760 billones, echando mano del presupuesto de la nación, del sistema general de participaciones, de las empresas del Estado, de los recursos propios de las entidades territoriales, del sistema general de regalías y, en gran parte, del bolsillo privado.
Son muchas las metas que hay inmersas en el documento. Sin embargo, la médula espinal es llevar a cabo las reformas necesarias para consolidar la paz y, asimismo, conducir al país hacia una modernidad que le ha sido esquiva. Ya yéndonos a terrenos menos filosóficos y más concretos, el plan busca garantizar los derechos de las víctimas, administrar de forma eficiente la justicia, consolidar la seguridad (ya hemos oído propuestas al respecto), darle un enfoque territorial al posconflicto, modernizar el campo (y vaya si eso sería importante, teniendo en cuenta el concepto de modernidad), disminuir las brechas que tiene con la ciudad, entre otras.
De acuerdo con distintos estudios, la guerra la cuesta a Colombia algunos puntos porcentuales de su Producto Interno Bruto. Con la mirada hacia allá, hacia que la guerra se acabe, está la hipótesis de lo mucho que podría crecer económicamente el país: cálculos optimistas sitúan el crecimiento en el 4,4% anual. El rendimiento excepcional, aunque bastante optimista (quizá demasiado), es una variable que no puede dejar de tenerse en cuenta para los años venideros.
Ambicioso, entonces, es el calificativo para describir todo este plan de trabajo. Por lo mismo es que hay que evaluarse, en este tránsito que hará por el Congreso, de una forma cuidadosa: los detalles importan harto cuando se planea la ruta de un país.
Y, por eso mismo, preocupa bastante el tema de la comunidad afro, quienes aún (al cierre de esta edición y de acuerdo con lo que nos dijeron distintas fuentes) no habían llegado a un acuerdo con el Ministerio del Interior en cuanto a la consulta previa: esto es, que el plan tenga, también, un enfoque diferenciado para esa minoría determinada. Esto podría volverse un dolor de cabeza en la Corte Constitucional que, llegado el caso, podría incluso frenar este esfuerzo. No ha habido acuerdo ni interno, entre las comunidades, ni externo, con el Gobierno. Y ese aval (pero sobre todo ese enfoque diferencial) es parte de lo que necesita este país para un verdadero desarrollo. ¿Será posible?
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