EL TIEMPO estuvo en una de las 9 fincas que, según el Gobierno, estaban en poder de la guerrilla.
Quince días después de que el Gobierno, la Fiscalía y las Fuerzas Militares tomaron posesión de 9 fincas, aparentemente de las Farc, en zona rural de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Macarena (Meta), solo dos personas han aparecido para preguntar por los terrenos, pero no han vuelto.
Aunque las dos aseguraron tener propiedad sobre algunos de los terrenos, ninguna ha entregado documentos que acrediten la tenencia.
Se trata de 279.189 hectáreas de terrenos baldíos de la Nación que, de acuerdo con los informes de la inteligencia militar, estaban en manos de las Farc. Estas fincas hicieron parte de una gran operación coordinada por diferentes entes del Estado en esa zona del país para quitarles las propiedades de las que, de manera ilegal, se apropió la guerrilla.
“Inicialmente se acercó una persona que dijo ser propietaria de uno de los predios, pero revisamos su historial y no aparece como dueña de ninguna propiedad en el país”, dijo el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez. (Lea también: Rifirrafe por las 285.000 hectáreas de Farc recuperadas por Gobierno)
De acuerdo con él, una vez se le exigieron los documentos para acreditar su petición, no volvió.
El segundo caso fue el de otro hombre que aseguró ser dueño de 380 hectáreas dentro de una finca de 220.000. Tampoco mostró documentos para soportar su particular petición.
El Superintendente explicó que el proceso administrativo de recuperación de los predios para que vuelvan al Estado puede tardar unos cuatro meses, y durante ese lapso los poseedores podrán acercarse a reclamar la tenencia.
El predio más importante, o por lo menos el más grande, de los 9 incautados en el Caguán, es uno que denominaron el Baldío, que está conformado por 220.000 hectáreas. Desde hace 15 días el Ejército está en el lugar.
La finca
Es una hacienda perfectamente cercada, con abundante ganado y que está sembrada con pastos y completamente rozada.
Está ubicada a una media hora, a pie, de la carretera que de San Vicente conduce a Macarena.
Si bien la casa es de tabla y teja de zinc, tiene una enramada techada y con postes de madera, y un corral para ganado, cubierto.
El lugar está habitado por Pedro Antonio Rodríguez, su esposa y su hija de 15 años. El hombre, de manos callosas y sucias y que luce un pantalón roto, aseguró que ese predio no es de las Farc.
Dijo que es de un cuñado suyo, de nombre Héctor Córdoba, que no ha podido reclamar la finca porque está enfermo del corazón, en Florencia. Afirmó que él solo es el cuidandero.
De acuerdo con él, completó 4 años cuidando la hacienda, pero su esposa dijo que son 7. Aunque aseguran llevar todo este tiempo, cuando se les preguntó cuánto ganado hay, no sabían.
La hija de la pareja solo interrumpe para contar que sale a las 5:30 a. m. para la escuela y que tarda hora y media en el recorrido.
La casa no tiene luz eléctrica, tampoco se ve ningún cultivo de pancoger. Solo hay un árbol de limón, algunas gallinas y un perro flaco que ni siquiera tiene alientos para ladrar.
“Este predio, aunque tiene unas 70.000 hectáreas en zona de reserva forestal, puede tener un valor de un millón por hectárea”, dijo el Superintendente.
Rodríguez contó que él ya había puesto en conocimiento a la junta comunal del lugar el inicio del proceso de recuperación del baldío por el Incoder. En esa zona casi todos los asuntos se resuelven por medio de las juntas.
De acuerdo con Vélez, este es un proceso que comenzó hace más de un año por parte de la Fiscalía y que luego contó con el apoyo de las Fuerzas Militares. Dijo que la idea es que en unos cuatro meses estos terrenos entren a formar parte del banco de tierras para el posconflicto.
Debate por suspensión de bombardeos
El anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos precipitó este lunes una reacción crítica de los principales contradictores del proceso de paz con las Farc, pero también de los defensores, a su favor.
“Es un cese bilateral disfrazado”, dijo el procurador Alejandro Ordóñez, opositor de las negociaciones de La Habana.
El expresidente Álvaro Uribe aseguró que “suspender bombardeos es un cese bilateral inconstitucional que pone a FF. AA. y a la seguridad en manos del terrorismo”.
Pero el fiscal general, Eduardo Montealegre, le atribuyó fundamento constitucional a la determinación del Presidente. “Si hay un cese unilateral, el Estado tiene que hacer gestos de naturaleza constitucional y hacer un uso moderado de la fuerza”, afirmó. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, dijo: “Estamos muy lejos de un cese bilateral”.
El Presidente sostuvo que es una “mentira” decir que lo que se ordenó es un cese del fuego bilateral escondido y que le da “tristeza” que cada vez que existe un avance en el proceso de paz, los “enemigos” de las negociaciones se dedican a “desinformar al país”.
