El reclutamiento de menores y el uso de minas antipersonales por parte de los violentos siguen siendo obstáculos en el camino hacia un acuerdo que ponga fin al conflicto.
En medio de la euforia producida por los éxitos deportivos, los colombianos volvieron a estremecerse por cuenta de los horrores de la guerra. Por un lado, un informe que dará a conocer mañana el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece una radiografía aterradora de la forma como los grupos armados, entre ellos las Farc, han nutrido sus filas con menores. Al tiempo, se revelaron cifras que hablan de un desmedido aumento del uso que hace la subversión de minas antipersonales.
El estudio sobre el reclutamiento forzado de menores señala que en 22 de los 32 departamentos del país se sigue llevando a cabo esta práctica, que tiene a no menos de 18.000 niños vinculados a grupos armados ilegales y organizaciones criminales y a más del 80 por ciento, involucrado directamente en acciones de guerra. Los testimonios de desmovilizados que llegaron a temprana edad a las filas dan cuenta de bestiales métodos de entrenamiento, con la execrable excusa de familiarizarlos con la muerte, en los que se obliga a los nuevos reclutas a cargar partes humanas durante días.
El reclutamiento de menores, además de ser una violación grave de los derechos humanos y un crimen de guerra, es también una inhumana estrategia en flagrante contradicción con el discurso de la subversión, que habla de ganarse los corazones de la gente como prerrequisito para llevar a cabo su anhelada toma del poder.
Arrancar, contra su voluntad, a los hijos de las familias de los sectores más vulnerables es una macabra forma de someter, mas no conquistar, a la población. Una cruel manera de convertir a las víctimas en victimarios, como lo señala un informe que también alerta sobre el notorio aumento de este método en las ciudades.
En cuanto a las minas, el diagnóstico también es desolador. Las cifras hablan de dos de estos artefactos sembrados cada hora en el país y de 326 soldados víctimas de campos minados en lo que va del año. Su uso se ha registrado en la mayoría de los 32 departamentos del país y le ha representado al Estado un gasto de 748.000 millones de pesos en los dos últimos años para la atención de los miembros de la Fuerza Pública víctimas de esta arma prohibida por la Convención de Ottawa. Acá, los civiles también caen a menudo: 504 en los últimos tres años. Entre ellos, el drama más sensible, de nuevo, corre por cuenta de los niños que pisan campos plagados de tales explosivos, a los que, en un acto de extrema sevicia, les suelen añadir materia fecal para generar infecciones en las heridas.
Son dos cuadros que confirman no solo que el conflicto sigue tan patente como degradado, sino que la subversión persiste en cometer crímenes de lesa humanidad y en utilizar armas proscritas, dos estrategias que necesariamente tendrá que abandonar si quiere sentarse a hablar de paz. Y, aun si lo hiciera, el eventual proceso será seguido muy de cerca por la Corte Penal Internacional, que en países africanos ya ha actuado con contundencia contra los responsables de enlistar en sus filas a menores de 16 años.
Mientras esto ocurre, mientras las Farc dan señales que lleven al Gobierno a sacar la, por ahora, bien guardada llave de la paz, hay que redoblar el esfuerzo militar y combinarlo con uno social. Es claro que la degradación de la guerra ha hecho que cada vez menos quieran alzarse en armas por convicción, circunstancia que las ha obligado a recurrir a la población más vulnerable. El país ya conoce su torpeza: no cambiarán. De ahí que atender en forma efectiva las necesidades de estos sectores -además de brindarles protección- implica ganar una batalla decisiva.
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