El accidente de la Drummond que se resolvió tirando el carbón al mar el pasado 13 de febrero solo es el último de los múltiples sucesos de cómo se comporta con el medio ambiente.
En las cuentas que publican (B. de la R.) para mostrar que el país es muy rico colocan en el renglón de las entradas el producto de los hidrocarburos, bananos, oro y platino, los cuales son de (…) los ingleses de Estados Unidos y de Londres» (Fernando González, 1939).
Desde 1986, la empresa estadounidense Drummond obtuvo la concesión de la mina Pribbenow, pero solo en 1995 comenzó la producción de carbón. En 1997 adquirió la mina El Descanso, y la producción comenzó en el 2009, con cerca de 1.700 millones de toneladas en reservas, y esperaba producir 30 millones de toneladas anuales a partir del 2012. Es decir, se piensan quedar entre 40 y 60 años en el Cesar y La Guajira, «zonas de sacrificio ecológico y social», según Joan Martínez Alier, profesor de la U. Autónoma de Barcelona.
El presidente de la carbonera, Garry Drummond, en su carta de presentación, afirma: «Nosotros consideramos a los trabajadores familia (…). Drummond es respetuosa de las comunidades en las que operamos. Nos esforzamos por ser un modelo de ciudadano corporativo. (…) La seguridad, la protección del medio ambiente, el desarrollo comunitario y la creación de empleo son primordiales» (drummondco.com).
Aunque Mr. Drummond considera a los trabajadores familia, el sindicato de trabajadores ha denunciado que los aspirantes a un puesto de trabajo eran sometidos al detector de mentiras, y se les preguntaba por su afiliación política. Igualmente, hay acusaciones en contra de Drummond de que la seguridad en las operaciones de transporte había aumentado debido a que los paramilitares fueron convertidos en guardias de seguridad privada, como afirma el titular ‘Exparamilitares daban seguridad a la Drummond’ (elespectador.com, marzo 16-2011), en relación con las revelaciones que se desprenden de los cables diplomáticos que han sido hecho públicos por WikiLeaks. También, hay acusaciones de asesinatos, entre ellos, el de dos sindicalistas en el 2001, y aunque la Drummond fue absuelta en los tribunales de EE. UU. por tales muertes, un alto empleado, Jaime Blanco Maya (ninguna relación, GM), fue condenado por los tribunales colombianos. Si la Drummond fuera una persona natural, ya estaría en la cárcel.
Mr. Drummond, en referencia al medio ambiente, afirma: «Como líder del sector en materia de sostenibilidad ambiental, Drummond ha desarrollado técnicas medioambientales (…) (que) hemos exportado con éxito a Colombia.» Sin embargo, el impacto de la explotación de carbón sobre el medio ambiente es innegable desde que se comenzó a exportar, a través de los diferentes puertos que las carboneras tienen en la bahía de Santa Marta. El accidente de la barcaza de Drummond que se resolvió tirando el carbón al mar, el pasado 13 de febrero, solo es el último de los múltiples sucesos de cómo Drummond se comporta con el medio ambiente. La actividad carbonera ha impactado el terrestre, las fuentes de agua, el marino y a los humanos. Los gobiernos y muchos funcionarios públicos han sido cómplices de este atentado contra nuestros recursos naturales. Incluso, el director de Invemar no dejaría bañar a sus hijos en las playas de Santa Marta (la W), pero no ha alertado al turismo y a los bañistas de semejante situación. Una pequeña multa no resuelve el asunto, y ahora menos, cuando el Ministerio de Ambiente ha nombrado en la Agencia de Licencias Ambientales, como guardiana de los recursos naturales, a una exfuncionaria del Cerrejón.
A pesar del discurso ambientalista y de seguridad industrial de altos estándares que proclama el gerente de Drummond Colombia, Augusto Jiménez, los trabajadores han denunciado la situación de su precaria salud debido a la minería del carbón. «La Asociación de Trabajadores Enfermos de Drummond asegura que alrededor de mil empleados padecen patologías relacionadas con la minería de carbón.» Sin embargo, para el «Ministerio de Salud no hay ningún indicio de que la actividad de extracción y transporte de carbón genere un impacto en la salud pública a toda la población» (‘Pedimos que Drummond se haga responsable de sus enfermos’, elespectador.com, 18-2-2013). ¿Indicios? Hablemos de estudios.
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, debería tener en cuenta las observaciones del exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, quien sí sabe de lo que habla, de que en la región de los Apalaches (EE. UU.) «se encontró que, en el período 1979-2004, las tasas de mortalidad asociadas al cáncer del pulmón, fallas cardíacas y enfermedades respiratorias y del hígado fueron significativamente más altas en las áreas con alta concentración minera que en áreas en donde esta actividad no existía» (‘Desastre mineroambiental’, eltiempo.com, 14-1-2012).
En cuanto a los beneficios económicos que produce la gran minería del carbón para el país, la Contraloría General de la República «concluyó que desde el 2004 las deducciones tributarias (…) para el caso del carbón superaron el valor de los impuestos en el 2007» (‘La locomotora minera puja, pero el Gobierno perdió el año’, elespectador.com, 23-12-2011). Igualmente, el director de la Dian ha sido muy crítico al respecto (‘Compañías mineras estarían pagando menos impuestos’, portafolio.com, 22-11-2011). En este sentido, Mario Alejandro Valencia calcula que «el costo fiscal de los regalos del Gobierno (deducción de regalías de los impuestos, exención de impuestos en la compra de gasolina en las zonas de frontera, deducción de impuestos por inversión en activos de capital, etc.) a Drummond costó 218.694 millones de pesos» en el 2010. Además, en el 2011, Drummond le vendió a la firma japonesa Itochu el 20 por ciento de la compañía en Colombia por 1.523 millones de dólares, sin que pagara un solo centavo por su venta, que se realizó en un paraíso fiscal (Cedetrabajo, 8-2-2013).
Y, como si fuera poco, Drummond demandó al Estado colombiano ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París para que fuera compensada por los sobrecostos en que había incurrido debido al incumplimiento del gobierno colombiano de los contratos de transporte del carbón por Ferrovías, que, después de su liquidación, entregó a Fenoco, que a su turno tuvo demoras para poner en servicio el ferrocarril. En total, el Estado colombiano le tuvo que pagar 60.000 millones de pesos a Drummond el año pasado, unos 33 millones de dólares (noticiasunolaredindependiente.com, 10-2-2012).
Paradójicamente, quienes critican el déficit público y reclaman el equilibrio de las finanzas del Gobierno, los neoliberales en el poder, porque las generaciones presentes están endeudando a las generaciones futuras, son los mismos que se voltean para el otro lado cuando se trata de la enorme deuda ambiental y económica que la concesión de la explotación de los recursos naturales -sin una compensación adecuada, el agotamiento de los mismos y la contaminación del medio ambiente etc.- otorgada a las transnacionales les está dejando a las generaciones futuras de colombianos, con la complacencia del Gobierno: ‘País pendejo es Colombia’ (FG, 1939).
