Un informe nos obliga a mirar la degradación de una sociedad a la que el país le ha dado la espalda.
Mientras se lee el informe del Centro de Memoria Histórica publicado esta semana, que intenta dar cuenta de la aterradora manera como en las últimas tres décadas la violencia echó raíces en Buenaventura, es constante la sensación de que el lenguaje se queda corto para narrar tanta barbarie.
El documento obliga a mirar a los ojos a todas las caras posibles de la degradación de una sociedad. Se puede afirmar con certeza que todo el repertorio de métodos y acciones que componen el oscuro catálogo de las diferentes violencias que han golpeado al país se ha visto en este tiempo en el principal puerto nacional sobre el océano Pacífico. Despojo, desarraigo, tortura colectiva, violencia sexual, tenebrosas ‘casas de pique’, entre muchos otros.
Males a los que hay que sumar la corrupción, la impunidad y el desgreño administrativo. Y si vamos a los grandes azotes, la lista de verificación está completa: narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla y, más recientemente, minería ilegal. En las páginas del riguroso trabajo aparecen, pues, todos los ingredientes, todos los actores de una tormenta perfecta, junto con evidencias contundentes de que el nivel de brutalidad en este lugar ha traspasado límites que pocas veces la humanidad ha transgredido.
Tal es el caso de los jóvenes obligados a desmembrar a sus amigos y familiares para luego beber su sangre, como rito forzado de paso para ingresar a uno de los varios grupos ilegales que hoy se disputan el control territorial del municipio.
La pregunta obligada, sobre todo si se quiere buscar una solución, es por las causas. Aquí el narcotráfico ocupa los primeros renglones, junto a la desigualdad, la pobreza –que se expresa en datos desconcertantes, como que este municipio genera más riqueza que Cali, que el 99 por ciento de los propietarios de predios vive en otro lugar y que solo el 6 por ciento de sus habitantes cuentan con un empleo formal–. Sesenta y tres por ciento de quienes viven el casco urbano son pobres, cifra que aumenta a un vergonzoso 91 en la zona rural. Y lo preocupante aquí, junto con el hecho de que se trata del enésimo clamor, es que si bien mucho de lo que ha pasado viene del conflicto, hoy este problema tiene una dinámica propia, que poco o nada se verá alterada con una eventual firma de acuerdos entre el Gobierno y las Farc.
Las necesidades no son un misterio para nadie: infraestructura, buen gobierno, una Fuerza Pública que genere confianza, oportunidades para que sobre los jóvenes no pese la condena de que, salvo algo extraordinario, los esperan las fauces de este monstruo. Pero, sobre todo, urge que cada colombiano se dé por enterado de que hay un rincón del país en el que cada día se comprueba de distintas maneras que un Estado fallido da pie a un infierno sobre la Tierra.
Es, pues, una devastación del tejido social que tardará quizás siglos reparar, tarea que no da espera y que debe ser fruto de un esfuerzo estructurado y constante, que siga una hoja de ruta que tracen las mismas víctimas. Aquellos que, pese a las atrocidades, al asedio inclemente e inhumano de los violentos, siguen pidiendo la palabra para decir en voz alta que su dignidad sigue intacta, que su empeño por resistir se fortalece con cada embate.
