Nada justifica que el país siga mostrando estadísticas vergonzosas de muertes por cáncer.
El manejo integral del cáncer y el respeto por los derechos de los pacientes que lo padecen en Colombia no pueden seguir siendo meros postulados que no pasan del papel y que los responsables de impedir que se garanticen continúen tan campantes, y cuya actitud –francamente dolosa– termina midiéndose en pérdidas de vidas y de bienestar.
Nada justifica que el país siga mostrando estadísticas vergonzosas en términos de tamizajes, diagnósticos tempranos, tratamientos oportunos y niveles de curación, cuando, en teoría, el sistema de salud tiene asegurada a toda la población y cubre todos los tratamientos, inclusive los más avanzados.
Saber que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Cancerología (INC), para tener un diagnóstico tienen que pasar tres meses y que otras organizaciones han denunciado que el inicio de las intervenciones llega a sobrepasar las doce semanas –en una patología en la que unos días puede ser la diferencia entre la vida y la muerte– debe ser suficiente para que los organismos de control entiendan que esto no se puede seguir sancionando con multas ligeras.
De nada sirve ostentar las mejores condiciones científicas en médicos e instituciones en el contexto latinoamericano si más del 70 por ciento de los enfermos llegan a ellos en etapas avanzadas y en las que la posibilidad de cura es prácticamente imposible, por causa de las inhumanas barreras que les toca franquear para obtener los servicios a los que tienen derecho.
Que por cada 196 personas diagnosticadas cada día mueran 104 debe dejar de ser una simple estadística de Globocan (el informe sobre cáncer de la Organización Mundial de la Salud) y convertirse en un referente para revisar el modelo que define el manejo de esta enfermedad, y arrebatárselo a los que se aprovechan de su fragilidad para lucrarse indebidamente.
Hay que entender que este mal debe ser atendido de manera integral y simultánea por profesionales idóneos y en instituciones acreditadas y organizadas en redes, y no en centros de dudoso nivel, sin el personal calificado, amparadas por frágiles criterios de habilitación y en donde las restricciones están a la orden del día para favorecer las utilidades de sus propietarios, muchas veces negociantes inescrupulosos.
No se necesita buscar mucho. El INC, la institución referente en el tema en el país, tiene un modelo integral de atención en cáncer que deber ser adoptado, sin demora, por todas las entidades del sistema de salud.
No hay derecho a que, persiguiendo peligrosos ahorros, las EPS y otros responsables del aseguramiento lo sigan desconociendo y privilegien contratos con sitios de atención donde los desenlaces son los que generan estas calamitosas cifras y el aumento del sufrimiento de los pacientes y sus familiares.
El tratamiento del cáncer debe dejar de ser un negocio. Ya es hora de que el Plan Integral de Atención en Salud (Pais), lanzado hace algunos meses por el Ministerio de Salud, demuestre sus reales alcances y se vele, de verdad, por la atención en condiciones humanitarias de todos los pacientes. También de que la Fiscalía entienda que tras las estadísticas vergonzosas se esconden delincuentes que merecen su atención.
