La necesidad de diálogo, avalada por nuestro máximo tribunal, resulta un saldo positivo para el gobierno de Juan Manuel Santos. Desde noviembre del 2012, el Gobierno ha insistido en el “se acata, pero no se cumple” para explicar que, conforme al artículo 101 de la Carta Política, la sentencia internacional no podía ser incorporada de manera automática al orden interno.
Esta cláusula exige que toda modificación de un límite se efectúe a través de tratados internacionales aprobados por el Congreso, ratificados por el Presidente y sujetos a control de constitucionalidad. La Corte Constitucional amplió su relevancia, más allá de la modificación, para incluir la fijación de un límite no establecido previamente, una situación que se aplica a la argumentación de la Corte Internacional de Justicia una vez rechazó el meridiano 82 como frontera.
Pero, dicho esto, el respeto que Colombia les debe a los principios de buena fe y la obligatoriedad de los compromisos contraídos (pacta sunt servanda) llevó a la Corte Constitucional a rechazar efectos retroactivos en torno a la competencia de la Corte Internacional de Justicia, derivada del Pacto de Bogotá. Estos nos hubiesen llevado a negar la validez del fallo internacional y, en suma, a marginarnos del orden jurídico internacional.
Al respecto, la Corte Constitucional fue contundente. “Las decisiones proferidas por la Corte Internacional de Justicia, con base en la jurisdicción reconocida por Colombia mediante el Pacto de Bogotá, tampoco pueden ser desconocidas”.
En consecuencia, debemos ser conscientes de que Colombia no podrá sentarse a negociar como si no existiera pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Bajo este precepto, nuestro mapa nunca volverá a ser el que conocimos. Los nicaragüenses, con seguridad, exigirán el reconocimiento de la sentencia como condición para conversar y nosotros debemos otorgarlo de manera general, porque, con sentido de buena vecindad y voluntad de negociación, podemos lograr algo mejor al fallo.
La sentencia de noviembre del 2012 no constituye una camisa de fuerza. De común acuerdo, podemos alcanzar a alterar de alguna forma el trazado presentado por la Corte Internacional de Justicia, como lo hicieron, por ejemplo, Noruega y Dinamarca. Son varios los casos en los cuales los países han decidido variar los lineamientos de las sentencias pronunciadas.
Nuestro objetivo debe apuntar a la reintegración de los cayos enclavados al territorio de Colombia mediante la obtención de un corredor marino. Así solo sea por el efecto visual, la reunificación del mapa debe convertirse en un propósito nacional. Constituye una meta alcanzable que no riñe con la buena fe al negociar.
Más que nada, debemos sentarnos a la mesa con la intención de cerrar de una vez por todas la controversia fronteriza. Si a eso le agregamos la garantía de los derechos de pesca de los sanandresanos y la protección del medioambiente, tenemos mucho para ganar. Solo el diálogo con el vecino país nos permitirá salir lo mejor librados posible de este embrollo.
EDITORIAL
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