Todas las miradas del país están puestas -con sobrada razón- en el proceso de paz, que comienza en apenas dos semanas. Pero otros temas son de capital importancia.
No cabe duda de que tendrá que dársele la misma atención a la corajuda lucha por la restitución de las tierras que, por fin, a pesar de las demoras en la implementación de la ley, de las improvisaciones iniciales y, en particular, de los preocupantes acosos de los usurpadores, ha empezado a librarse en aquellos territorios que les fueron despojados a miles de familias colombianas.
Es, por supuesto, una buena noticia. No obstante, ha venido acompañada de informes tan preocupantes como el de los cobardes asesinatos de más de 50 líderes de restitución en los últimos tres años y las 239 agresiones contra defensores de los derechos humanos, no pocos de ellos involucrados en esta causa.
En Costa de Oro (Córdoba) o en Carmen de Bolívar (Bolívar), en medio de la puesta en marcha de la ley de víctimas y de restitución de tierras, los campesinos siguen jugándose la vida entre el miedo, el coraje y la necesidad de recobrar lo que era suyo. Los valientes reclamantes de aquellas regiones, que son un buen ejemplo de lo que sucede en el resto del país, han estado recibiendo infames amenazas de muerte.
También han sido objeto de peticiones indignantes de personajes oscuros que se hacen pasar por funcionarios públicos : los inescrupulosos de turno han llegado a exigirles 50.000 pesos por acceder a las tierras. Situación que prende una alarma temprana que obliga a garantizar el acceso a la justicia a estas personas y a acciones urgentes para cortar de raíz y sin demoras los llamados «ejércitos antirrestitución».
El Gobierno, autor, a fin de cuentas, de la iniciativa, parece tener muy claro que, con esta campaña, no solo se juega su lugar en la historia de Colombia, sino que, sobre todas las cosas, está poniendo a prueba la capacidad del Estado para ocupar de manera efectiva tantos territorios nacionales que han sido olvidados. El Ministro de Agricultura ha reconocido que hasta el momento se han presentado 21.010 solicitudes -por 1’700.000 hectáreas-, pero ha anunciado que en lo que queda del año se presentarán 2.000 demandas más.
No se puede pasar por alto el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que determinó que los crímenes contra defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras en el país son de lesa humanidad. El mismo día, después de una reunión con el Secretariado Nacional de Pastoral Social, de la Conferencia Episcopal, el Gobierno dio a conocer que firmó un convenio con la Iglesia Católica para que la desinformación no se convierta en otro enemigo a la hora de la correcta implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras. Serán los miembros de la Iglesia, en representación del Estado, quienes expliquen las condiciones, los alcances y los beneficios del nuevo proceso.
Resulta fundamental que todos los estamentos del país lo sigan de cerca, pues se trata de proteger a poblaciones vulnerables. El Ministro de Agricultura, al referirse a la restitución de tierras en Montería, despojadas por las sangrientas autodefensas comandadas por los hermanos Fidel y Carlos Castaño, aclaró que, teniendo en cuenta las incesantes amenazas y los ofrecimientos de dinero por parte de los victimarios, el Gobierno ha decidido que el proceso esté acompañado por la Fiscalía. Pero lo cierto es que, si se quiere que esta no sea otra etapa de la guerra, sino el punto de partida de la paz, será fundamental la participación, no solo de todas las autoridades, sino de la sociedad colombiana en pleno.
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