Culpas y responsabilidades aparte, no hay que dejarse apabullar por los diagnósticos que dejan al departamento como un paciente terminal ante los males que lo aquejan.
Hace un año, una ‘chiva’ bomba preparada por las Farc estalló frente a la estación de policía de Toribío, lo que dejó a más de 400 familias afectadas. Con la condena del ataque vinieron las promesas de apoyo estatal.
Pero pasó el tiempo y los hechos demostraron que el Gobierno no supo aprovechar la oportunidad de desactivar, con obras, con presencia efectiva, otra bomba en el Cauca, esta vez de tiempo. Le faltó entender la complejidad del escenario en el que libraba otra batalla contra la ilegalidad. Un contexto que combina pobreza con las demandas de unos pueblos indígenas que se han caracterizado por su cohesión y capacidad de movilización. La estrategia no podía limitarse a lo militar.
Son varias las explicaciones ante la falta de soluciones integrales para problemas que se han incubado durante décadas, por no decir siglos. Una de ellas es la apatía de la clase política regional y de un país que sigue sin superar los prejuicios de origen colonial, que impiden escuchar y, sobre todo, conocer a los nativos, intentar comprender su sistema de valores, sus necesidades y los conflictos que han heredado. Otra es la presencia de organizaciones y cultivos ilegales, ante lo cual es fácil poner a los habitantes de la zona en el bando de los enemigos del orden institucional.
El descuidar el aspecto social llevó a que la Fuerza Pública tuviera que responder en dos frentes durante los últimos días: al tiempo que los uniformados soportaban las agresiones -completamente inaceptables- de la guardia indígena, los soldados debían protegerse y responder a las ráfagas de los guerrilleros.
Es claro que el Ejército no puede tramitar las demandas de los pueblos del norte del Cauca. Bastante ha hecho con ponerles el pecho a las balas y reaccionar con frialdad ante provocaciones y vejaciones.
Este es un asunto del resorte del Ministerio del Interior. A dicha cartera, como a la Defensoría del Pueblo, que ha mantenido un inexplicable bajo perfil, le correspondía el haber tendido puentes entre los militares y la comunidad.
Culpas y responsabilidades aparte, no hay que dejarse apabullar por los diagnósticos que dejan al Cauca como paciente terminal. Hay que decirlo con todas las letras: sí existe un camino que lleva a una salida dentro de la Constitución y las leyes. Ambas comprenden un punto de partida indeclinable, como es que no puede existir un centímetro del territorio nacional en el que esté vedada la presencia de las Fuerzas Armadas. Sobre todo en zonas con valor estratégico en la lucha contra las Farc, como el suroccidente colombiano.
La ruta, entonces, tiene un derrotero con obligaciones para todas las partes. El Gobierno debe emprender cuanto antes una estrategia para esta región, concertada con los habitantes. Su puesta en marcha requiere un esfuerzo conjunto, con metas específicas y verificables, que permitan superar la situación de pobreza y el atraso que sirven de caldo de cultivo a las vías de hecho.
Así mismo, las comunidades indígenas necesitan obrar con responsabilidad, sin olvidar su talante pacífico. Deben tener claro que en la práctica de la no violencia radica su fortaleza. Y que no pueden ser indiferentes ante la presencia de cultivos ilícitos y el poder corruptor del narcotráfico.
Solo mediante el regreso de la buena voluntad de las partes será posible reconstruir la confianza rota. Por tal motivo, al tiempo que los uniformados mantienen sus posiciones, hay que volver al diálogo. No existe otra manera de resolver por fin un problema que exige remedios más efectivos que los de siempre.
