No es difícil solidarizarse con el paro que afecta las actividades normales en el Chocó.
No es difícil solidarizarse con el paro que afecta las actividades normales en el Chocó. Una mirada a la larga lista de pendientes que existen en un departamento en el que habitan medio millón de compatriotas muestra que hay mucho por hacer con el fin de que un territorio rico en recursos naturales y biodiversidad garantice el progreso de sus pobladores.
Los indicadores revelan que los chocoanos están muy por debajo del promedio nacional en temas como calidad educativa, acceso a la salud o empleo formal. Casi dos terceras partes se encuentran en situación de pobreza y 37 por ciento está en la miseria.
La falta de oportunidades es endémica y tiene que ver también con la mala infraestructura, como lo demuestra el derrumbe del 9 de junio pasado, que impidió durante casi dos meses el transporte entre Quibdó y Medellín, creando una sensación de aislamiento que inspiró la protesta actual. Debido a ello, líderes de todas las vertientes y la propia Iglesia católica se solidarizaron con la movilización popular ante el convencimiento de que solo así se logran respuestas.
Sin embargo, hay que mirar el asunto con cabeza fría. Una cosa son las reivindicaciones históricas y la deuda pendiente con una región del país en donde hay rezagos inaceptables, y otra es que no se esté haciendo nada.
La administración Santos señala que ha destinado 7 billones de pesos al Chocó y que hay mucho para mostrar, como la nueva sede del Sena, la ampliación –en marcha– del aeropuerto en la capital, la entrega de cerca de 2.000 viviendas gratuitas o la pavimentación de 100 kilómetros de las dos carreteras principales que conectan al territorio con Antioquia y Risaralda. No menos importantes son la construcción del acueducto de Quibdó, que debería estar listo en semanas, o los programas de interconexión eléctrica que están avanzando.
Como siempre pasa, no faltan los interesados en pescar en río revuelto. Un ejemplo es el alegato injustificado de que el servicio de agua que empezará a prestarse en forma permanente será costoso al no ser por gravedad, lo cual desconoce que las tarifas están reguladas. La liquidación del hospital departamental San Francisco de Asís también fue cuestionada, pero es mejor comenzar de cero, pues no se trata de cerrar la entidad sino de mejorar la atención después de que la corrupción y el despilfarro la acabaron.
Quizás el mayor escollo es la solicitud de que los 720.000 millones de pesos que faltan para pavimentar 70 kilómetros pendientes en las vías citadas sean incluidos en el presupuesto nacional del 2017. La propuesta del Gobierno es la de dejar contratada la obra, que sería financiada con vigencias futuras en el plazo de tres años, un mecanismo usado en decenas de proyectos similares.
No está de más pedir que las partes lleguen pronto a un acuerdo. Hay que hacer votos para que la Mesa de trabajo Interinstitucional por el Chocó –que ayer concluyó dos días de labores en la Casa de Nariño– logre transmitirles a quienes encabezan el paro que existen respuestas en marcha. Ojalá así sea, pues lo que el departamento necesita es unión y no divisiones para manejar desafíos nuevos, como el de una oleada criminal que exige acciones puntuales y de largo plazo.
http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/union-y-no-divisiones-editorial-el-tiempo/16679605
