Los servicios de inteligencia militar, acostumbrados a seguir a los más escurridizos jefes guerrilleros y narcotraficantes, llevan una semana buscando a uno de los suyos, a un coronel que habría filtrado los datos sobre la zona del sur del Meta donde se suspenderían las operaciones militares para permitir que viajaran a La Habana dos jefes de las Farc.
Este oficial, del que aún no se ha hecho pública su identidad, habría cuestionado la orden, razón por la que divulgó las coordenadas de cuatro municipios, cercanos a la serranía de La Macarena, en donde se hizo finalmente el traslado de ‘Laura Villa’ y ‘Sergio Ibáñez’, dos desconocidos guerrilleros que se sumaron a la comitiva que lleva casi medio año en Cuba.
El comandante del Ejército, general Sergio Mantilla, emplazó a ese militar a que confiese. “Por honor, debía hacerlo antes de que le lleguemos”, dijo este viernes. El hecho es que esa infidencia, que fue utilizada por el expresidente Álvaro Uribe en su arsenal contra los diálogos de paz, marcará el final de la carrera del oficial.
Uribe, que un principio calificó de “intrascendente” su publicación en Twitter, asumió su responsabilidad. “Yo soy el único responsable de las coordenadas. Lo hice porque la impunidad al terrorismo es inadmisible. No presionen al Ejército”, trinó el sábado.
EL TIEMPO pudo establecer que el mensaje con las coordenadas –que no eran exactas– fue enviado desde un chat de celular. Y no solo le llegó al expresidente Uribe, que sin embargo sí fue el único que se atrevió a hacerlo público. El envío incluía una reflexión, en tono de queja, por la orden de suspender operaciones, y algunos datos que no correspondían a los que habían enviado, a través del canal oficial, el general Javier Rey, jefe de operaciones del Ejército.
Con esa prueba Rey, uno de los oficiales más respetados de esta fuerza, quedó exonerado del episodio, que produjo un verdadero huracán político y militar.
El lunes, un día después del cuestionado tuit, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, calificó de “gravísima” la filtración. El general Alejandro Navas, comandante de las Fuerzas Militares, ordenó investigar a “todos los que conocieron o tuvieron acceso a los datos”, y la exsenadora Piedad Córdoba llegó a sugerir un ‘ruido de sables’.
Sobre Uribe cayeron una denuncia del representante Iván Cepeda –por “las posibles conductas penales en las que pudo incurrir por divulgar las coordenadas”– y críticas de sectores que consideran inadmisible que él, abanderado del tema de seguridad, haya puesto en peligro una operación militar en aras de su oposición al proceso de La Habana.
Será la justicia la que determine si el expresidente incurrió en un delito, mientras el coronel del mensaje ve de cerca no solo el retiro sino a la justicia penal militar, que lo podría responsabilizar por traicionar a la patria.
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