En la diligencia judicial, que se adelantará ante el juez 43 de conocimiento, el ente señalará que el uniformado le disparó al joven de 16 años por la espalda sin motivo o razón alguna en hechos que son motivo de investigación y por los cuales también se investiga a otro grupo de uniformados y civiles por la manipulación de la escena del crimen.
A lo largo de la investigación la defensa de la familia del grafitero ha señalado que se presentaron serias irregularidades por parte de los uniformados que llegaron al lugar de los hechos en la noche del pasado 19 de agosto, cuando Alarcón le anunció por radioteléfono a sus superiores lo que había sucedido.
Días después aparecieron versiones “manipuladas”, según la familia, de que el joven había atracado, junto a sus compañeros, un bus de servicio público, hecho que había sido denunciado por los pasajeros y el conductor del bus a la policía.
En ese acto, se aseguró que al hallar al joven éste le había disparado al patrullero, quien en un acto de defensa le había respondido.
Sin embargo, un informe de Medicina Legal pudo demostrar que Diego Felipe Becerra nunca había manipulado un arma de fuego, mientras que un documento registrado por el CTI demostró que la pistola que se encontraba cerca del cuerpo del grafitero no funcionaba.
Igualmente poco después de los hechos, se conocieron varias irregularidades en la versión del conductor del bus de servicio público quien acusó al joven Diego Felipe de haberlo amenazado con un arma de fuego con el fin de atracarlo.
Entre las principales irregularidades se encuentra el hecho de que dicho bus no operó en la noche del 19 de agosto puesto que «tenía pico y placa».
