“Los procesos de paz y reintegración en Colombia son más exitosos de lo que plantean los críticos”, asegura una reciente investigación realizada por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en la que se encontró que el 76% de los desmovilizados de las autodefensas no se han rearmado bajo el paraguas de las nuevas organizaciones criminales. Desde 2006, cuando tras una aguda polémica culminó el desarme de las estructuras paramilitares que negociaron con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el proceso ha sido blanco de numerosas críticas. Entre las más graves figura aquella según la cual los paramilitares habrían firmado esos acuerdos para limpiar sus crímenes y crear nuevos grupos armados ilegales, como los Urabeños y los Rastrojos, interesados en controlar las rutas del narcotráfico.
Sin embargo, los hallazgos de la FIP parecen contradecir esa versión. Según el informe Retorno a la legalidad o reincidencia, tan sólo el 10% de los exparamilitares que han recibido ofertas para rearmarse han estado tentados de aceptarlas, conclusión a la que se llegó luego de encuestar a 1.158 desmovilizados. Por eso, Sergio Guarín, coordinador del área de construcción de paz y posconflicto de la FIP, opina que “si bien está probado que varias de las personas que hicieron parte de los bloques de las autodefensas que se desmovilizaron han estado vinculadas a grupos al margen de la ley, el estudio muestra que el programa de reinserción logró ser eficaz en gran parte”.
En efecto, a enero de 2013 la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), la institución encargada de atender a los desmovilizados, había prestado algún servicio a más de 45.000 de los 55.308 integrantes de las guerrillas y las Auc que dejaron las armas individual o colectivamente. Asimismo, la agencia capacitó a 17.764 excombatientes en derechos humanos y derecho internacional humanitario. No obstante, los aparentes éxitos del proceso parecen presentar matices en las regiones, dependiendo de si quienes delinquieron en una determinada área permanecieron allí o cambiaron de residencia, lo que les habría permitido cortar contactos con el mundo criminal. Los investigadores encontraron que las regiones con mayor nivel de reincidentes son Santander, Antioquia y Bogotá, mientras los departamentos con menor cantidad son Meta, Norte de Santander y Sucre.
Los ‘exparas’ más proclives a cometer nuevos crímenes serían aquellos que participaron durante más tiempo en combates y otras acciones de guerra, los que mantienen relaciones con sus excomandantes y excompañeros y los que no están satisfechos con el programa de reintegración del Gobierno. Por el contrario, los menos propensos al rearme serían los que ostentaron un alto rango y los que han estado vinculados a los programas de la ACR durante tres años o más.
Según Guarín, “el proceso ha sido exitoso en evitar que una gran cantidad de personas que podrían haber reincidido por efectos de problemas en el programa reincidan en la ilegalidad. Hacemos un llamado a la mesura en la percepción que tiene la sociedad colombiana de la reintegración. Es un reto enorme, falta mucho por hacer, pero decir que esto ha sido un fracaso es equivocado”.
Aun con los resultados de esta investigación, financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, el Gobierno enfrenta la difícil tarea de convencer a la sociedad de que la desmovilización de los ‘paras’ tuvo éxito, máxime si se tienen en cuenta los graves y constantes crímenes que organizaciones como los Urabeños cometen en vastas zonas rurales y urbanas del país, incluyendo capitales como Medellín y Barranquilla.
Asimismo, la justicia investiga la presunta falsa desmovilización de cientos de personas que habrían sido reclutadas para engrosar las filas de los combatientes de las autodefensas, que ascendieron a poco más de 30.000. El más significativo de esos casos sería el del bloque Cacique Nutibara, que según Fredy Rendón Herrera, alias El Alemán, fue una “farsa” para conseguir beneficios jurídicos para los integrantes de ‘combos’ delincuenciales de Medellín y cabecillas de la Oficina de Envigado, proceso que habría liderado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Por estos hechos ya fueron expulsadas de Justicia y Paz siete personas.
Las víctimas de los paramilitares también han cuestionado la decisión del gobierno de Álvaro Uribe de extraditar en 2008 a importantes excomandantes de las autodefensas, lo que habría obstaculizado su contribución al esclarecimiento de la verdad. La negociación con los ‘paras’ también estuvo manchada por el asesinato del exjefe de las Auc Carlos Castaño, crimen que estaría relacionado con su oposición a que reconocidos narcotraficantes se vincularan al proceso.
Aunque faltan muchas verdades por conocer, investigaciones como esta muestran la otra cara de la moneda y pueden contribuir a mejorar desmovilizaciones futuras de cara a las negociaciones con las Farc y el Eln.
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