Transcurridos 29 meses desde el inicio de los diálogos Gobierno- Farc, y cuando las partes se aprestan a buscar un acuerdo sobre el decisivo punto del fin del conflicto, son muchas las miradas que se centran desde ya en las posibilidades de éxito que tendrán los programas y proyectos derivados del tan esperado pacto de reconciliación.
Y es que, más allá del optimismo contagioso de quienes ven por fin una luz de esperanza para la superación del conflicto que durante más de medio siglo ha desangrado al país, existen procesos y dinámicas que complejizan la puesta en marcha de dichas iniciativas y exigen que hasta la más pequeña de ellas sea elaborada con base en los criterios de legitimidad, flexibilidad y eficiencia.
Un ejemplo concreto de ello es el desafío medioambiental. En un país que tiene más de la mitad de su superficie cubierta por bosques naturales, muchos de ellos bajo la categoría de reserva forestal, y que ha sufrido los mayores embates de la violencia en su área rural, el reto no es exclusivamente desarmar a las guerrillas sino lograr que la construcción de paz sea una oportunidad para desarrollar modelos sostenibles. Lo contrario equivaldría a la destrucción del patrimonio natural y al fracaso económico de las intervenciones, factores que podrían conducir a una sensación de frustración nada favorable para el país.
¿Cuáles son los desafíos medioambientales para la construcción de la paz? El ministerio del ramo, en alianza con cinco de las agencias más importantes de Naciones Unidas (PNUD, FAO, OIM, Pnuma Y Unodc) y la Cooperación Alemana, hicieron el ejercicio, con sorprendentes resultados.
En primer lugar, identificaron 125 municipios prioritarios para los programas de posconflicto (posacuerdo, según Naciones Unidas), con base en el mapa de la violencia en Colombia, y cruzaron datos con el mapa geológico de Colombia, de Ingeominas, el mapa de ecosistemas de Colombia, el Estudio nacional del agua, del Ideam, y el Estudio de los conflictos de uso del territorio colombiano, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Encontraron que las zonas prioritarias para la implementación de las acciones de construcción de paz tienen altísima relevancia ambiental y que la implementación de la reforma rural impone muchos retos frente al manejo de las zonas de reserva forestal, en las cuales se debe evitar la promoción de actividades productivas distintas a las que su vocación permite. Así como, por ejemplo, la asignación de tierras a víctimas del conflicto o excombatientes debe considerar tanto la vocación productiva de la población como las características biofísicas del suelo y la oferta natural disponible, se debe reconsiderar el papel de la actividad extractiva para evitar una migración de conflictos socioambientales hacia zonas con potencial minero.
Finalmente advierten que urge el diseño de una institucionalidad ambiental eficiente y con capacidad de respuesta rápida (desde lo regional y lo nacional) para atender los retos de planificación, monitoreo y control.
La idea es que se haga primero un proceso de ordenamiento territorial que tenga en cuenta las figuras colectivas de gobierno propio y manejo del territorio (resguardos indígenas, territorios ancestrales, territorios colectivos y afrocolombianos).
Democratizar el acceso a la tierra, innovar en el aprovechamiento de la biodiversidad y promover estrategias como el pago por servicios ambientales, las tasas por uso de agua y alternativas al pago del impuesto predial son algunas de las principales ideas que el estudio pone para debate con miras al tan anunciado proceso de posconflicto que se avecina.
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