El punto de partida de la discusión es el dinero. ¿Cómo financiar a la CIDH de una manera suficiente para que pueda continuar con sus tareas? El período de reformas, que comenzó hace casi dos años por impulso de gobiernos como los de Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ha estado matizado por las posturas políticas de los mandatarios y las voces que se oyen desde adentro de la Comisión. Hoy, finalmente, se tomará una decisión formal y se sabrá si la CIDH podrá seguir recibiendo donaciones provenientes de países que se encuentran por fuera de la región.
De los US$9,5 millones que componen el presupuesto anual de la Comisión, el 50% son aportados por la OEA directamente, un 30% provienen de donaciones de países por fuera de la región y el 20% restante corresponde a países que la integran. Si la propuesta que pretende suprimir las contribuciones de otros continentes cala dentro de la mayoría de los 34 miembros que se reúnen hoy en Washington, den ese vacío — dice Orozco— podría venir el “estrangulamiento”.
La parte más sensible del debate está en las relatorías que forman parte de la CIDH y, en especial, la dedicada a la libertad de expresión. Esta relatoría recibe la mitad de sus recursos de donaciones europeas y dentro del esquema es una de las más fuertes de la Comisión, por encima de otras dedicadas a los derechos de la mujer, comunidades indígenas, etc., bajo el argumento de que desde Libertad de Expresión se puede ejercer la rectoría sobre los demás derechos. “Si a la relatoría no le permiten hoy, tal y como están las cosas, acceder a esos recursos, hay que cerrar esta oficina”, sentenció la jefa de la relatoría para la libertad de expresión, la colombiana Catalina Botero.
Desde este punto de vista las eventuales reformas toman de nuevo un cariz político. La relatoría para la libertad de expresión ha llamado la atención sobre los aparentes abusos que ha sufrido la prensa en países como Ecuador y Venezuela, con casos emblemáticos como las demandas oficiales al diario de Guayaquil, El Universo, y la no renovación de la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV). A la lectura del tema la invaden las suspicacias cuando son justamente los gobiernos de Quito y Caracas los que más han promovido las reformas.
Por supuesto, desde las posiciones oficiales el tema no se trata bajo este lente. La justificación de las eventuales reformas apunta a dotar de autonomía a la Comisión, sin la injerencia de actores foráneos, y en lo que concierne a las relatorías, la explicación sostiene que en aras de la equidad todas ellas deberían recibir una cantidad de recursos que otorgue el mismo margen de maniobra a cada una de ellas.
A la CIDH no le queda más que esperar a lo que los 34 miembros de la OEA decidan hoy, a pesar de haber presentado un plan de reformas propio que bajo su concepto responde a las recomendaciones de los gobiernos que la componen. La Comisión y sus responsables ya agotaron todos los cartuchos.
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