“El gobierno de Estados Unidos haría un gran aporte a la reconciliación de la familia colombiana, facilitando la participación de Simón Trinidad, de cuerpo presente, en esta mesa”. Estas palabras del jefe guerrillero Iván Márquez durante el acto de instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno Santos y las Farc en Oslo (Noruega), el pasado 15 de octubre, tiene al Ejecutivo pensando qué hacer. La guerrilla lo da como un hecho, pero el Gobierno sabe que únicamente Estados Unidos tiene la facultad para acceder a este difícil reclamo.
Se acerca la fecha del comienzo de los diálogos en La Habana (Cuba) y este componente se ha convertido en un tema de consultas a alto nivel. Sin embargo, por ahora la negativa del gobierno norteamericano es el obstáculo mayor. Aunque hace una semana la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, comentó que ese tendría que ser un tema de discusión con el gobierno de Colombia en la medida en que el proceso avance, El Espectador conoció que el presidente Barack Obama conoce muy bien de este tema crítico.
No obstante, su negativa pasa por la convicción de que sólo una decisión judicial puede hacer viable la presencia de Simón Trinidad en La Habana. El jefe guerrillero está hoy sentenciado a 60 años de prisión por delitos relacionados con secuestro y narcotráfico, pero además se le asocia con una actividad aún más proscrita: el terrorismo. En esa medida, su eventual excarcelación no tiene buena acogida en Washington. Al menos no antes de las reñidas elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre en Estados Unidos.
Aún así, entre los allegados al proceso de diálogo entre el Gobierno y las Farc se estudian opciones para que Simón Trinidad pueda estar en la mesa. Inicialmente sería a través de una teleconferencia, pero de concretarse su presencia física, estaría condicionada a un avance concreto del proceso de paz. Es decir, sin certeza clara del rumbo de los diálogos y sus resultados a corto plazo, no hay posibilidad de satisfacer la expectativa de la guerrilla. “Si hay acuerdos podría estar Trinidad; sin ellos, no puede haber concesiones”, observó una fuente.
La muestra de la seriedad con que las personas cercanas al proceso de negociación han tomado el tema de Simón Trinidad es que ya han evaluado situaciones parecidas en las que Estados Unidos propició excarcelaciones judiciales. Es el caso del ingeniero de vuelo norteamericano pero de origen cubano René González, quien fue apresado en 1998 en Florida junto con cuatro cubanos más y condenado por espionaje a una elevada pena. Hace algunos meses, durante dos semanas, González fue autorizado por una jueza en Estados Unidos para visitar a su familia en Cuba.
El hecho sucedió el pasado mes de abril. Después de incontables reclamos desde Cuba para que el caso fuera revisado, una jueza de Miami autorizó que González viajara a La Habana a visitar a un hermano enfermo. La figura que se utilizó fue la de una “libertad supervisada”, que lo obligó a presentar su itinerario de viaje, número de vuelo, sitio de hospedaje, contactos en Cuba y la prohibición de comunicarse con agentes de inteligencia de la isla. Al cabo de dos semanas González regresó a Estados Unidos, pues aún debe algunos años de pena.
A su regreso, sus defensores exaltaron el cumplimiento de su acuerdo, calificándolo como “una nueva demostración de su alto sentido de la ética y el honor al regresar a cumplir con su castigo”. González fue hallado culpable de conspirar contra Estados Unidos y en 2001 recibió una condena de 13 años de prisión. Una reciente obra del escritor Fernando Morais sostiene que las gestiones diplomáticas en favor de los cubanos condenados en EE.UU. se iniciaron desde el gobierno de Bill Clinton y en ellas participó Gabriel García Márquez.
Este reciente episodio ha sido uno de los casos analizados para evaluar si una figura parecida se podría aplicar para una eventual excarcelación de Simón Trinidad, eso sí, previa firma de un acuerdo que signifique un verdadero avance en los diálogos entre el Gobierno y las Farc. Necesariamente, cualquier opción, además del aval del gobierno colombiano, requeriría alguna forma de entendimiento entre Estados Unidos y Cuba. Y de alguna manera ambos gobiernos han exteriorizado su apoyo al proceso de paz de Colombia.
Otro capítulo reciente refrenda la evidencia de que existen más antecedentes. Hace algunos días, por ejemplo, salió a relucir el caso de la captura en La Habana del norteamericano Alan Gross. Su detención obedeció a la entrega de celulares y equipos de comunicación para la comunidad judía radicada en la isla. Al igual que René González, Gross pidió a la justicia cubana que le permita visitar a su madre enferma en Estados Unidos. El gobierno de Raúl Castro aún no responde. Pero el caso prueba que con diálogo muchas cosas son posibles.
Por eso, cuando el embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, afirmó recientemente que hasta el momento no ha sido enviada ninguna solicitud a su país por parte del gobierno colombiano en relación con la idea de las Farc de la presencia de Simón Trinidad en la mesa de negociación, dijo algo cierto. Por ahora el tema no es oficial, pero entre los asesores del proceso de paz, al asunto sí se le buscan salidas, con la certeza de que tarde o temprano, si avanzan los diálogos, será un debate de varios gobiernos.
Simón Trinidad lleva siete años preso en Estados Unidos después de su extradición y desde entonces las Farc siempre han reclamado su regreso a Colombia. Primero lo hicieron en cada comunicado en el que intentaron posicionar el acuerdo humanitario del intercambio de militares y políticos secuestrados por guerrilleros presos y ahora han vuelto a pedirlo para que sea un miembro más del equipo negociador de las Farc en La Habana. Sólo que ahora es mucho más que un acuerdo político o judicial, es un tema de Estado y diplomacia.
‘Trinidad’, uno de los comandantes extraditados
Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad, es una de las figuras más importantes de las Farc. Nació el 30 de junio de 1950 en Bogotá, pero se crio en Valledupar. A pesar de provenir de una de las familias más prestantes de la sociedad vallenata, terminó vinculado a la guerrilla a finales de los años ochenta.
Desde 1990 comandó el Frente 41, que operó en la Serranía del Perijá. Años después hizo parte del bloque Caribe hasta llegar al Estado Mayor de la misma unidad insurgente. En enero de 2004 fue capturado en Quito y deportado a Colombia, donde enfrentó cargos por secuestro y extorsión.
En noviembre del mismo 2004 la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Trinidad a Estados Unidos, donde era requerido por tráfico de drogas y lavado de activos. El 31 de diciembre fue extraditado. Tras un largo proceso fue condenado a 60 años de prisión por el secuestro de los tres contratistas norteamericanos que posteriormente fueron liberados en la Operación Camaleón.
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