Hay poco progreso en la negociación de la paz que adelantan en La Habana el Gobierno y las Farc.
Éstas abusan del micrófono internacional con que cuentan para despotricar de sus contrincantes y hacer propuestas disparatadas a la opinión pública que no pasan por la mesa de negociación; a la vez, defienden sus conductas inaceptables frente a un país expectante y cada vez más incrédulo de los anhelos de paz de la guerrilla. A cuatro meses de iniciadas las conversaciones, no hay un solo punto de la agenda en que se haya alcanzado acuerdo.
Las Farc recogieron algunas de las propuestas del foro por la paz promovido por las Naciones Unidas, donde hicieron presencia cientos de organizaciones civiles, escamoteando su propio programa. En este sentido, las Farc han echado para atrás su radicalismo y se han acercado a las políticas del Gobierno en materia de restitución de tierras y al desarrollo rural que compartirían gran agroindustria con economía campesina, aceptando incluso la compra limitada de tierras por extranjeros.
El tiempo corre en especial contra las Farc. La capacidad aérea y de inteligencia del Ejército y la Policía les ha barrido una buena parte de su dirigencia tradicional, con más de 35 años de experiencia militar y política, que no puede ser reemplazada por cuadros más jóvenes y menos educados. Son frecuentes los golpes contra sus campamentos. Su insistencia en un cese bilateral del fuego tiene como propósito un respiro frente al hostigamiento del Gobierno, al cual éste obviamente se va a rehusar. Los guerrilleros intuyen, no convencidos del todo, que el secuestro ha sido su talón de Aquiles político y que perpetuarlo destruirá todo apoyo de la opinión pública a la negociación.
Para Santos, el paso del tiempo sin resultados lo pone a la defensiva. Debe enfrentar a la extrema derecha y la reelección puede quedar fuera de su alcance. El presidente no ha asumido una defensa sistemática del proceso y no tiene tampoco un ministro con el carisma y convencimiento para apoyarlo. En este sentido, las Farc deben estar tan interesadas en que Santos permanezca otros cuatro años como él mismo, que ya anda en campaña un tanto prematura. Sin embargo, los insurgentes están más embelesados con la recuperación de su grito que con los dilemas estratégicos de la negociación.
No parece ser cierto que la guerrilla esté dividida, pero una eventual entrega de armas puede no ser obedecida por los frentes que están a cargo del negocio del narcotráfico y que les puede reportar unos $6 billones anuales. Con todo, una desmovilización de la organización, así sea parcial, será un enorme alivio para la población hasta ahora sometida al conflicto. Pueden darse farcrim, así como el proceso con los paramilitares legó las bacrim, pero constituyen ya un problema menos serio.
El dividendo de la paz no es sólo un crecimiento potencial más elevado que el mediocre alcanzado por el país en las últimas décadas del siglo XX, ni el deformado por un sector líder como la minería más recientemente, sino en la reducción del gasto militar. Este absorbe 6,5% del PIB y más de la mitad podría ser dirigido a la educación y a la salud. Un sistema político más competitivo y menos clientelista reducirá la corrupción, que es otra vena rota para el desarrollo económico.
Más importante aún será la reducción de las muertes, de los heridos y mutilados, de los niños reclutados y del sufrimiento de las poblaciones sometidas al conflicto.
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