Sostuvo que el Ejército no sabía que en 1985 el M-19 se tomaría el Palacio de Justicia y que no tuvo intención de exterminar a guerrilleros y civiles durante la retoma.
Según la Corte Suprema de Justicia, durante la retoma del Palacio de Justicia el Ejército “no se puso al margen de la ley”. Otra cosa, dijo el alto tribunal, es que algunos miembros de las Fuerzas Militares se “hayan aprovechado su condición de integrantes del mismo para cometer delitos, o que dentro de la estructura jerárquica propia se hubieren emitido órdenes orientadas a ese fin”.
Estas declaraciones hacen parte del fallo en el que la Corte absolvió al coronel (r) Alfonso Plazas Vega por las desapariciones de la guerrillera del M-19 Irma Franco y el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, Carlos Augusto Rodríguez, tras el holocausto del Palacio, en noviembre de 1985.
De hecho, para la Corte, el Ejército no sabía que el 6 de noviembre de 1985 se iban a tomar el Palacio de Justicia y nunca tuvo la intención de exterminar a guerrilleros y civiles por igual en la retoma, como lo han señalado durante años los familiares de los desaparecidos del Palacio.
“Si el ánimo hubiera sido el de exterminar a todos por igual, no se habría dispuesto que la Casa del Florero fuese el sitio de recepción de rehenes, con el propósito ya indicado en precedencia, ni rescatado con vida a más de doscientas personas. Si la intención hubiera sido la mencionada, se habría exterminado a todas las personas que estaban en el Palacio sin discriminación alguna”, dijo el alto tribunal.
No obstante, no negó posibles excesos durante la retoma. De hecho, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue si los hubo y, aunque no se refirió puntualmente a ningún uniformado como responsable de violaciones a los derechos humanos, sí mencionó en reiteradas ocasiones a militares en retiro que se encuentran en proceso por estos hechos o que están siendo investigados.
Por ejemplo, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por el Tribunal de Bogotá a 35 años de prisión el año pasado, es mencionado en 92 ocasiones. En todas ellas se hace referencia a que fue Arias, y no Plazas Vega, el que comandó la retoma del Palacio de Justicia. “No hay duda, la prueba muestra que quien dirigió la operación militar y tuvo el mando de la misma fue el general Arias Cabrales en su condición de comandante de la Brigada XIII”, dijo la Corte.
Indicó, además, que el traslado de rehenes a la Casa del Florero fue ordenado y coordinado por Arias Cabrales. En ese lugar, aseguró la Corte, se estableció “un puesto de verificación de identidad y de retención de sospechosos de pertenecer al grupo subversivo, para lo cual el general Arias Cabrales ordenó a las unidades tácticas conducir a ese sitio a las personas rescatadas del Palacio y permitir su traslado a las residencias una vez cumplido el procedimiento”.
Y aquí emerge otro protagonista de este proceso: el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, investigado por estos hechos. La Corte arguyó en su fallo que fue Sánchez y no Plazas el encargado de los traslados a la Escuela de Caballería, donde el B-2 del Ejército, comandado en ese entonces por Sánchez, tenía unas instalaciones.
La Corte fue clara: “El proceso de identificación e interrogatorio de los sospechosos, por orden del general Arias Cabrales estuvo a cargo del comandante del B-2, coronel Sánchez Rubiano, quien ejercía la coordinación de todos los elementos de inteligencia que operaron en la Casa del Florero y en esas condiciones le correspondía velar por la integridad física de los mismos”. Sánchez Rubiano es mencionado en 89 ocasiones en todo el fallo.
Otro protagonista de este caso, el general (r) Iván Ramírez Quintero, absuelto en el 2011 por estos hechos, es mencionado nueve veces. En octubre pasado, 14 militares en retiro fueron llamados a indagatoria por, supuestamente, haber torturado personas tras el holocausto. Casi todos son mencionados en el fallo, aunque no se hacen señalamientos en su contra, sino apenas algunas menciones por las declaraciones que han dado dentro de este proceso.
La controversia sigue entre quienes creen que con este fallo se hace justicia y quienes, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restre y los familiares de los desaparecidos del Palacio, consideran que es, en realidad, una afrenta. Estos segundos han pedido que se reactive una orden de captura proferida contra Plazas en el 2007.
En referencia a los señalamientos que se hacen contra otros presuntos implicados, el abogado Luis Guillermo Pérez, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sostuvo que “lo que uno puede deducir es que toda el agua sucia se la echan a Sánchez, que porque controlaba la Casa del Florero, pero eso es justamente sesgar el análisis, porque no se ve todo el contexto de lo que pasó”.
Sánchez Rubiano, dijo Pérez, “no iba a detener, ni a desaparecer personas, ni a ejecutar un magistrado, sin que haya tenido la complicidad del alto mando militar de la época. Plazas Vega sabía muy bien qué se estaba haciendo. Él estaba ahí, el 6 y 7 de noviembre estuvo todo el tiempo”. Falta ver si este fallo de la Corte Suprema de Justicia va a influir o no en el futuro de los otros investigados por un holocausto que lleva 30 años impune. Esta no es una historia acabada.
