Ayer el Gobierno decidió suspender las negociaciones con los líderes de la movilización en el Catatumbo. Su fracaso para ponerle fin a la protesta en esta región del país es un mal augurio para la ola de movilizaciones sociales que se vienen en las próximas semanas.
Según contó a La Silla uno de los negociadores, la decisión de pararse de la mesa se dio después de una jornada en la que les quedó claro que los líderes de la protesta no tenían realmente la voluntad de negociar nada diferente a la declaratoria de la zona campesina y el fin de la erradicación de la coca.
“Nos sentamos con ellos y expusimos nuestras inquietudes sobre los 10 puntos que ellos tenían. Nos dijeron que querían un Plan de Desarrollo a 20 años que costaba 500 mil millones. Les dijimos tienen el Conpes del Catatumbo que implica una inversión de 1,7 billones. Se les aumentó en todo caso la oferta en 80 mil millones para inversión en temas esenciales. Les propusimos crear 1.100 empleos formales que podían contratar directamente las asociaciones campesinas. Querían 200 casas rurales, el viceministro de Vivienda les dijo les hago mil,” contó a la Silla uno de los que participó en la negociación por parte del Gobierno.
Según La Silla confirmó con otros del equipo negociador, después de esta conversación, los manifestantes pidieron un receso para hablar con sus bases. Luego volvieron y les plantearon que más bien el Gobierno les diera los 80 mil millones que decía que tenía presupuestados para nuevas inversiones y que las asociaciones campesinas los manejarían directamente para financiar sus proyectos.
Los negociadores les explicaron que esto –por ley- no era posible y decidieron que en realidad no había voluntad de llegar a un acuerdo del otro lado de la mesa. Se pararon y se fueron.
La estrategia de negociación del Gobierno fue aislar las reivindicaciones sociales –que Santos y su equipo creen justificadas dado el abandono estatal que ha sufrido esta zona durante décadas- de las peticiones políticas que consideran innegociables por tener que ver directamente con temas que son objeto de negociación en la Habana. La más difícil de ellas es la declaratoria de una zona de reserva campesina.
Ayer mismo, el Presidente Santos se manifestó al respecto y dijo públicamente que no iba a declarar una bajo la presión de las vías de hecho.
“Están tratando de crearnos aquí espacios paralelos a La Habana, estimulando falsas hipótesis de diálogos regionales, cuando el único escenario de debate, de acuerdo con las reglas que se fijaron, es La Habana y no el Catatumbo”, dijo a El Tiempo el Ministro del Interior Fernando Carrillo.
El problema es que la declaratoria de una Zona de Reserva Campesina, como le contó a La Silla Olga Quintero, líder de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, que ha estado al frente de la movilización en esta región, es un proceso que está andando en la zona desde 2011.
En diciembre hace dos años, el Incoder, cuando estaba a cargo de Juan Manuel Ospina, firmó con ellos un convenio por 350 millones de pesos para financiarles todos los estudios técnicos para hacer la delimitación de la Zona de Reserva Campesina, la consulta con los campesinos y elaborar un plan de desarrollo alternativo que la pudiera sustentar. Después de que los campesinos cumplieron con todo, el 30 de marzo de 2012, hicieron en Tibú una asamblea con el Incoder, en la que participaron 1500 personas, juntas de acción comunal y la subgerente de tierras del Incoder Jennifer Mújica, que era el último requisito necesario para la declaración de la Zona de Reserva.
La Zona de Reserva Campesina que están pidiendo los campesinos comprende porciones importantes de siete municipios. Como el 70 por ciento de ellos están ubicados en zona de reserva forestal y hay dos resguardos indígenas, este año el Gobierno les financió otro proyecto de 730 millones de pesos para el estudio de sustracción de reserva forestal.
El único requisito que faltaba era que se reuniera la junta directiva del Incoder para hacer la declaración de la Zona de Reserva Campesina, un paso que se frenó cuando esta figura de las Zonas de Reserva se volvió uno de los caballitos de batalla de las Farc en La Habana. Entonces, el saliente Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, que en un principio las tenía en su plan de gobierno, las tildó de “repúbliquetas independientes” y en el Ministerio de Defensa las vetaron.
Sobre todo porque a lo que ya existía legalmente, las Farc decidieron agregarle que tendrían un gobierno local de los campesinos con tanta autonomía como el que tiene la autoridad indígena o los consejos comunitarios en los territorios étnicos. El gobierno rechazó esa propuesta en la Habana durante el primer módulo de negociación porque cree que en la práctica sería como “un despeje” y ahora siente que las Farc están movilizando a los campesinos del Catatumbo para obtenerla por fuera de la mesa.
Se volvió un “innegociable”. El problema es que al parecer Santos no sabía que el Incoder había adelantado todos estos pasos para la declaratoria y su equipo negociador solo se enteró cuando César Jérez, el vocero de los campesinos que el Ministerio de Defensa ha dicho que tiene vínculos con las Farc, le recordó a la directora del Incoder Myriam Villegas que el proyecto estaba “sentado” en su escritorio hacía cinco meses. Es decir que frente a este punto –que se volvió el central de la negociación- el equipo político no estaba realmente preparado para responder hasta demasiado tarde.
Las debilidades del equipo político
El Presidente Santos ha tratado de manejar, de manera simultánea la negociación con las Farc y la arremetida militar. Pero le ha quedado más difícil manejar la mesa en la Habana y paralelamente el apoyo de las Farc a la movilización social.
Foto: Juan Pablo Pino
Mientras el Gobierno aceptaba en la mesa de negociación del Catatumbo a César Jérez como negociador de parte de los campesinos, el Ministerio de Defensa le filtraba a la Revista Semana correos que supuestamente lo vinculaban con las Farc.
Foto: Juan Pablo Pino
Parte del problema de la negociación en el Catatumbo es que no es claro quién es el interlocutor del Gobierno frente a este tipo de movilizaciones. En otros gobiernos esta función ha estado a cargo del Ministro del Interior, pero con un Alto Consejero para el Diálogo Social esta labor ha quedado fraccionada entre varios.
Aunque este es el paro más complicado que ha tenido que enfrentar Santos no es el primero que se le sale de las manos. Una vez más, han quedado en evidencia los problemas que tiene su Gobierno para lidiar con las manifestaciones sociales que se toman la calle: ya sean las promovidas por los estudiantes o las propiciadas por los camioneros.
En este caso en particular, según confirmó La Silla con miembros del Gobierno, Lucho Garzón, el Alto Consejero para el Diálogo Social, tenía información desde hacía meses de que esta protesta se estaba “cocinando” en el Catatumbo y había alertado al Gobierno. Sin embargo, nadie actuó sobre esa información.
Se confiaron en que el Conpes del Catatumbo, un ambicioso programa de inversión para la región definido meses antes de la protesta, sería suficiente para aliviar la situación en la zona una vez se ejecutara. Lo que tardará meses porque es un verdadero plan de desarrollo.
Cuando La Silla indagó por qué nadie asumió las riendas del problema la respuesta de varios es que no era claro quién dentro del Gobierno tenía la competencia para hacerlo, lo que señala, nuevamente las limitaciones del esquema de los Altos Consejeros presidenciales creado por Santos.
Lo obvio es que enfrentar este tipo de movilizaciones es la función esencial del Alto Consejero para el Diálogo Social Lucho Garzón. Pero él tiene dos problemas: no cuenta con toda la credibilidad dentro del Gobierno porque no tiene la formación tecnocrática de los demás miembros del gabinete, lo que dificulta sus labores de coordinación con los demás ministros. Además, no ha demostrado ser el más ejecutivo.
Por el otro lado, está el Alto Consejero para las Regiones, Juan Carlos Mira, quien en principio maneja las relaciones con alcaldes y gobernadores y tiene puestas las antenas regionales. Pero curiosamente cuando estalló el problema, la secretaria privada de Santos, Cristina Plazas, que ha ido ganando bastante poder en Casa de Nariño ante la ida de Juan Mesa a la Fundación Buen Gobierno, ni siquiera lo invitó a la primera reunión de estrategia para definir qué hacer.
Al final, entonces, del lado del gobierno no había un interlocutor de alto nivel que fuera el principal doliente de este problema dentro del Gobierno. El primero en reaccionar fue el nuevo ministro de Agricultura Francisco Estupiñán, a quien los manifestantes vetaron. Luego hicieron lo mismo con Lucho Garzón y el Gobierno aceptó que lo hicieran. Los negociadores han ido rotando.
Una exfuncionario que tuvo que lidiar con tantos incendios en otro gobierno que le decían “el bombero” explicó a La Silla que esto era un gran error porque al final estas marchas son un pulso de resistencia. Movilizar tanta gente es tan costoso e implica tal desgaste que al final “gana” el que esté preparado a permanecer más tiempo sentado. Cada vez que entra un nuevo negociador se le da oxígeno al otro.
A esto se suma que el Gobierno no tenía suficiente información sobre lo que estaba sucediendo en el terreno y el rol que supuestamente estaba jugando las Farc y por eso primero Lucho Garzón legitimó la protesta social para que unos días después desde el Ministerio de Defensa comenzaran a estigmatizarla como una marcha promovida por la guerrilla.
La esquizofrenia
El Alto Consejero para el Diálogo Social, Lucho Garzón, había alertado sobre la eventualidad de esta propuesta desde antes que explotara. Pero su falta de poder real y de capacidad de ejecución al interior del Gobierno impidieron que el Gobierno actuara antes de que estallara el conflicto.
El Vicepresidente Angelino Garzón, que es una rueda suelta al interior del Gobierno, ha comenzado a opinar sobre la movilización poniéndose del lado de los manifestantes mientras que, por otro lado, el Ministerio de Defensa dice que están infiltrados por las Farc.
La entrada del Gobierno se ha dificultado además porque la política de consolidación no ha funcionado. Si bien en su discurso al comienzo del gobierno Santos habló de un Salto Estratégico que consistiría en llevar al Estado a las regiones bajo influencia de la guerrilla de la mano de civiles y no solo de militares, en la práctica le entregó el programa a los políticos y dejó nuevamente la consolidación a cargo del ministerio de Defensa, que es el que tiene los recursos y la voluntad para hacerla.
En octubre de 2012, el ministro Juan Carlos Pinzón decidió lanzar la campaña de desmovilizados «Catatumbo es Colombia, Colombia somos todos» en el corregimiento de La Gabarra, Norte de Santander. Para eso llevó a alias «Karina», ex jefe del frente 47 de las Farc.
Una persona que fue testigo de esa reunión, dijo a La Silla que cuando la gente se dio cuenta de quién era ella literalmente se «friquió» dada la intensa presencia de la guerrilla en la región. La gente sintió que más que llevar un ejemplo de alguien que había decidido llevar otra vida, lo que había llevado el Ministro era una informante que los iba a sapear. A partir de ahí los planes de consolidación entraron en reversa.
El mismo doble discurso se ha dado frente a las drogas. Por un lado, Santos en sus entrevistas internacionales ha hablado de la importancia de abordar el tema de las drogas con una aproximación menos represiva, mientras que en el Catatumbo su plan fue de erradicación forzada y los planes de economía alternativa solo llegaron después de que ya estaba prendida la zona.
Y es que en esta negociación en el Catatumbo, el Gobierno ha quedado atrapado en lo que algunos han tildado de la «esquizofrenia» de Santos y otros interpretan como su estilo de gobierno de lograr cambios adaptativos sin modificar de frente la opinión pública para no alebrestar a los uribistas. Su estrategia de ir transformando las condiciones del país para subir al bus de la «paz» a la gente casi que sin que se de cuenta.
Desde que arrancó la negociación con las Farc, el Presidente fue claro que hablaría en medio del enfrentamiento armado lo que suponía que paralelo a las conversaciones armadas el Ejército seguiría combatiendo con toda la fuerza a la guerrilla. Es una fórmula que mal que bien ha funcionado y que la mayoría del país -según las encuestas- aplaude.
Sin embargo, las Farc han decidido responder a través de potenciar la movilización política y social -que tiene causas que van mucho más allá de la guerrilla y que están entrelazadas con el modelo económico basado en la minería y en los TLC firmados- y eso le ha creado al gobierno otro tipo de dilemas.
Si enfrenta la protesta social a punta de Esmad iría en contra de su discurso que ha vendido en la Habana de que ahora sí hay unos verdaderos espacios democráticos para el ejercicio de la oposición legal. Pero si la deja crecer, termina cediendo en puntos que ha dicho son «líneas rojas» en la negociación con la guerrilla como el tema de minería y de control territorial.
Las Farc han entendido su encrucijada y la aprovecharán en las próximas semanas cuando nuevos «catatumbos» comiencen a surgir en Antioquia, en el Chocó y en el sur de Bolívar. Las movilizaciones campesinas ya están cantadas en estas zonas. ¿Tendrá la habilidad el Gobierno para responder a esta otra negociación?
