El infierno en las URI y estaciones de Policía por bloqueo del Inpec

Cerca de 3.800 guardianes y funcionarios del Inpec unidos a 64 sindicatos de esa entidad mantienen bloqueadas las prisiones del país y en vilo el sistema carcelario.
 

Aunque al igual que en la Rama Judicial quienes están en paro son una minoría –el Inpec tiene cerca de 15.000 funcionarios– ese sector ya completa 5 meses en lo que llama plan reglamento, que consiste en impedir el ingreso de internos a las cárceles y la negación de hacer las remisiones a juzgados para audiencias. (Lea reportaje de datos sobre el infierno que se vive en las cárceles del país)

Esto tiene hacinadas las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI) y las estaciones: la Defensoría del Pueblo dice que son unos 5.000 detenidos en todo el país en estos sitios, la mayoría en sedes de la Policía.
 

Hombres y mujeres durmiendo en pasillos o en las escaleras de estos sitios, que son de detención transitoria, es la escena constante. También, presos durmiendo en camiones y CAI móviles de la Policía en Bogotá. Conviven entre enfermos de tuberculosis, VIH, diabetes, cáncer, deficiencia renal y epilépticos,que no cuentan con asistencia médica porque las remisiones deben ser realizadas por la guardia del Inpec.
 

En Bogotá, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hay 667 detenidos en las Unidades de Reacción Inmediata y 666 más en las estaciones. Del total de los que están en las URI, 47 tienen detención domiciliaria.
 

Por ejemplo, en la URI de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, hay 170 detenidos, entre los cuales hay 18 mujeres, cuando en realidad hay espacio para 50. Por eso, casi la mitad duerme en los pasillos y algunos esposados a las rejas.
 

Una de las mujeres detenidas en Kennedy contó que la falta de celdas separadas para mujeres ya ha comenzado a generar problemas. “Acá hay violos (violadores), hay de todo. Ha habido problemas con las muchachas y en cualquier momento le puede pasar a uno algo”, dije esta joven de 24 años, que fue capturada hace casi dos meses por hurto. Y continúa: “A mí me prometieron un abogado pero esta es la hora y no ha venido nadie, no me han hecho audiencia, nada (…) yo sé que cometí un error pero merecemos un mejor trato”.
 

La violación de derechos humanos es el problema de fondo en la crisis, que se hace más evidente en Bogotá, Cali y en la Costa, donde están las mayores concentraciones de hacinamiento, que incluso ha llevado a la fuga (el 5 de enero fueron 25 los que se escaparon de dos URI en Bogotá) y desórdenes que ponen en riesgo la seguridad de los mismos detenidos y de los policías que los custodian.
 

En La Granja, en el noroccidente de Bogotá, los presos que duermen en camiones de la Policía no tiene baños ni alimentación asegurada, sino que están sujetos a que sus familiares les lleven todos los días o que transeúntes les compren un almuerzo.
 

Allá están Cristian, de 21 años, y Jonathan, de 20, quienes fueron capturados robando celulares en la capital hace mes y medio.
 

Cuentan que cuando llegaron los “engancharon” a un tubo del parque frente al centro judicial en la localidad de Engativá. “Luego de 10 días sin bañarme, de estar esposado, decidí cortarme las venas, logramos llamar la atención y al menos nos pusieron los camiones para dormir”, dice Cristian.
 

Agrega que aunque ahora no duerme a la intemperie, en los camiones no hay baños. Deben orinar en botellas plásticas de gaseosa, defecar en bolsas y dormir en un espacio de menos de un metro cuadrado.
 

“Desde que incendiamos el camión las cosas han cambiado, ya nuestra familia puede traernos comida y tener 15, 20 minutos de visitas”, dice Jonathan y asegura que hacer desórdenes ha sido la única solución a sus problemas de salubridad. “Muchas veces la gente se intoxica y le toca hacer diarrea en una bolsa al lado de uno porque no lo dejan salir al baño”, agrega.
 

Dos incendios y un intento de volcar el camión han enfrentado los policías, que deben sacarlos a tomar el sol en el parque del barrio.

Luego de la fuga de 25 detenidos en la madrugada del pasado lunes y del intento ocurrido en Barranquilla, el Ministerio de Justicia ordenó el traslado de 500 presos a tres cárceles en el Meta y dos en Barranquilla.
 

El Ministerio de Justicia aseguró este jueves que son 64 sindicatos, mientras que voceros de algunos de estos dicen que de los cuales 10 están legalmente constituidos.
 

Si bien la guardia proclama que el objetivo es evitar el hacinamiento y así garantizar los derechos humanos dentro de las cárceles, los sindicatos tienen una lista de peticiones que han llevado a la mesa de conversación con el Gobierno y que incluyeun incremento salarial y aumento en el pie de fuerza.
 

Fuentes que han participado en esos diálogos dicen que piden, por ejemplo, que el sobresueldo asignado a la guardia por concepto de horas extras, fines de semana y festivos pase del 51 al 90 por ciento, y que a los funcionarios administrativos les den una prima de riesgo, como la de ellos. Eso, según cálculos oficiales, requeriría de al menos 181.000 millones de pesos al año.
 

La semana pasada el Gobierno manifestó que no tenía los recursos para negociar y ofreció 12.700 millones de pesos para el pago de un bono, que se daría una vez en el año. La oferta fue rechazada al ser considerada “irrisoria” frente a las pretensiones.
 

‘Es difícil negociar’: Defensoría
 

Sin mucho ruido, un sector del Inpec viene trabajando en un proyecto de ley para frenar los sindicatos en cuerpos armados que no pertenecen a la Fuerza Pública. En la Constitución solo es explícito que las Fuerzas Militares y la Policía no pueden crear sindicatos, aunque esa posibilidad está abierta para los demás empleados. Por eso, el objetivo es modificar la norma y hacer la claridad de que los cuerpos armados de instituciones públicas o privadas no pueden sindicalizarse. Esto, para garantizar la seguridad y evitar que el funcionamiento de entidades como el Inpec se vea afectada.
 

El Ministerio de Justicia dice que este instituto tiene 64 sindicatos, a los que están adscritos 3.800 funcionarios, entre guardianes y administrativos. Al menos 630 tienen fuero sindical.
 

“En el país hay un amplio derecho a la libertad sindical, pero esa libertad en vez de fortalecer el sindicalismo lo debilita, porque no hay unidad de criterio, de concertación. No es lo mismo negociar con sindicatos sólidos, que con muchos con criterios diferentes”, dijo el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. Agregó que “en eso la Corte Constitucional u otros organismos deben enviar un mensaje, respetando la libertad sindical, porque tener tantos sindicatos debilita la institucionalidad”.
 

Drama en calabozos de Policía del país
 

Los pabellones de los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía de Bucaramanga, según la Personería municipal, están congestionados de detenidos que siguen a la espera de que se les defina su situación judicial. El hacinamiento en estos centros de detención transitoria se ha agravado por el paro de los guardias del Inpec y el cierre de la cárcel La Modelo, que desde finales del año pasado no recibe más presos. Con 2.772 el penal tiene más del doble de los detenidos para los que fue construida.
 

Y en los calabozos de la Sijín y del Palacio de Justicia de Medellín, no cabe un detenido más. La guardia del Inpec se ha negado a trasladar a los capturados a la cárcel de Bellavista, por lo que en estos centros transitorios permanecen detenidas más de 370 personas.
 

En Cali, en una veintena de estaciones de Policía permanecen más de 560 detenidos, algunos con problemas de salud como heridas, fracturas y enfermedades que deben ser tratadas con atención psiquiátrica.
 

La situación es similar en Barranquilla, en donde, debido al hacinamiento en una Unidad de Reacción Inmediata, un grupo de más de 50 detenidos protagonizó disturbios y se enfrentó con las autoridades.

http://www.eltiempo.com/politica/justicia/bloqueo-de-sindicatos-del-inpec/15072655